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Reunión del Comité Ejecutivo. 14 de enero de 2016
Prosiguiendo la línea informativa sobre las actividades de la Asociación que ya se inició a raíz de la reunión del Comité Ejecutivo del pasado mes de diciembre, os damos traslado del resumen de asuntos abordados en la que se ha celebrado en el día de ayer, 14 de enero, en la sede nacional, dentro de la actividad ordinaria.
Como ya entonces se afirmó, la transparencia es una de las prioridades asociativas, y sin duda, el brindaros esta información, es una obligación que asumimos desde el primer momento.
PRESENTACIÓN DE INFORMES
Como es habitual, la sesión dio comienzo con la exposición por parte del Presidente de la Asociación del informe de gestión desarrollada a lo largo de este último mes, a través de los diversos contactos institucionales que se mantienen de forma continua de cara a la defensa de los postulados asociativos y la mejora de la carrera judicial. Se han mantenido reuniones con las otras asociaciones judiciales en la búsqueda de propuestas conjuntas y lugares comunes pues solo desde la unidad de todos y la unanimidad en nuestras pretensiones podremos conseguir esa mejora en el ejercicio de nuestra función e instar aquellas mejoras legislativas, que afectan a nuestro estatuto orgánico y profesional, que redunden en beneficio de todos nosotros. Las propuestas que se han hecho desde la APM fueron muy bien recibidas y dieron lugar al texto conjunto suscrito por las cuatro sociales judiciales y aprobado el 17 de diciembre de 2015, del que ya os dimos traslado a través del correo corporativo; asimismo, se están realizando, junto con las demás acciones judiciales, gestiones con el CGPJ para extender a los Jueces los efectos de la Resolución del Ministerio de Justicia publicada en el BOE 31 de diciembre de 2015 que modifica el régimen de retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes a los Letrados de la Administración de Justicia; se están manteniendo también contactos con la Asociación de Fiscales y el Consejo General de la Abogacía para abordar temas de interés común.
Dada la situación política y la existencia de un gobierno en funciones, Manuel Almenar apuntó la necesidad de distinguir entre la reflexión, planteamiento y elaboración de líneas de trabajo que exijan una reforma legislativa, en las que por ahora no hay un interlocutor y que pueden trabajarse con más calma, y la existencia de otras cuestiones que, por no requerir una reforma legal, pueden abordarse desde ya, como son las que dependen del CGPJ o la Mutualidad. En los últimos años los Jueces y Magistrados hemos visto mermado nuestro poder de decisión e intervención en la Mutualidad General Judicial, lo que se ha manifestado en una reducción de las prestaciones sociales que antes percibíamos y que, o bien ahora han sido suprimidas para todos los mutualistas por razones económicas, o nos vemos privados de esas prestaciones pues nuestra renta es superior a la de los otros colectivos integrados en la Mutualidad, por ello, es necesario que busquemos fórmulas en este ámbito de acción social, que nos permita aumentar nuestro peso específico en MUGEJU como colectivo y las prestaciones que recibamos. Asimismo, planteó la posibilidad de abordar la revisión de la productividad e, incluso, preparar las bases de revisión de la Ley de Retribuciones de 2003, así como estudiar un plan de choque de medidas de acción social, que tengan por objeto facilitar el desarrollo de la función jurisdiccional y la conciliación de la vida personal y profesional, por ejemplo en materia de incapacidad parcial, jubilación parcial, apoyo al cuidado de hijos o ascendientes, etc.
Estas propuestas han motivado la creación inmediata de dos grupos de trabajo: el primero desarrollará su tarea en el ámbito social y tendrá, entre sus principales objetivos sobre enfermedades profesionales, tratar de sensibilizar a las autoridades sanitarias y de seguridad social de la existencia de enfermedades y padecimientos propios de la función judicial, con lo que ello implica, para establecer la catalogación de enfermedades profesionales que nos afectan a nosotros, como Jueces y Magistrados, por la peculiaridad de nuestra función y porque, solo desde su establecimiento y reconocimiento como tal enfermedad profesional, se podrá dar respuesta a las necesidades de salud laboral que ya muchos compañeros están padeciendo sobre enfermedades profesionales. Este grupo está formado por José Ramón Solís, Manuel Bellido, Ramón Toubes, Juan Molins, Germán Serrando y Luis de Castro.
El segundo grupo de trabajo desarrollará su labor en el ámbito contencioso-administrativo, con el objeto de establecer qué modificaciones legislativas son precisas, a corto y medio plazo, para conseguir una mejora e incremento de nuestras retribuciones, tomando en consideración diversos parámetros como la mejora retributiva de la prestación del servicio de guardia, la posibilidad de que se nos reconozcan trienios y quinquenios, como a otros colectivos de empleados públicos, un incremento gradual de las retribuciones por productividad, etc. Este grupo está formado por Francisco Sospedra, Juan José Carbonero y María Luaces.
En cualquier caso, no son grupos cerrados pues es necesaria la colaboración de todos y la aportación de ideas que se sumen al proyecto común de la Asociación, en el que todos estamos incluidos.
A continuación fueron expuestos los informes de actividad a cargo de los responsables de las distintas áreas de coordinación, debiendo destacarse en este punto las siguientes referencias:
En el Área de Seguridad y Salud.- Se dio cuenta al Comité por parte del Magistrado José Ramón Solís, de los últimos avances en los trabajos que, junto con las demás Asociaciones judiciales y en el seno de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, se llevan a cabo para fijar una carga de trabajo que sirva de parámetro de referencia en distintos ámbitos y proyecciones: en el ámbito disciplinario, en el retributivo y en el de la salud laboral. La tarea puede decirse que se encuentra bastante avanzada, resultando factible alcanzar próximamente un acuerdo que se someterá a la aprobación del Consejo General del Poder Judicial, en este mes de enero para la determinación de la carga razonable de trabajo a efectos de salud laboral.
Nunca deja de analizarse en el seno del Comité Ejecutivo la situación económica de la Asociación. Además del informe sobre el estado de cuentas, ha de destacarse que ante la inminente celebración de una reunión de la Comisión Permanente (prevista para el próximo mes de febrero) se acordó llevar a cabo por parte del Comité Ejecutivo la presentación de una propuesta de equiparación del importe de la cuota asociativa entre todas las Secciones Territoriales, actualmente dispares sin que tenga justificación esta diferencia.
En el área de asistencia jurídica se dio cuenta por su responsable, el Magistrado Javier Ballesteros, de que se ha señalado el próximo día 3 de febrero como fecha para deliberación en el recurso de casación en interés de ley interpuesto por el Abogado del Estado frente a la sentencia que declaró el derecho de nuestro compañero Eloy Velasco a cobrar por el octavo día de guardia cuya libranza antes no teníamos reconocido. Dada la trascendencia que el contenido de esta sentencia puede tener para muchos compañeros, desde el comité ejecutivo os comunicaremos el contenido del fallo tan pronto tengamos noticia.
Se dio cuenta también por la responsable del Área de Igualdad, la Magistrada Carmen Pilar Caracuel Raya, de las gestiones iniciadas de cara a la elaboración de las líneas de actuación en esta importante materia, esbozándose asimismo las principales directrices sobre las que se orientará la propuesta de seguimiento que será sometida en próximas reuniones a la aprobación del Comité Ejecutivo.
En el área de coordinación asociativa, el Magistrado Álvaro Martín dio cuenta de la organización de la próxima reunión de la Permanente y los trabajos preparatorios, para el mes de febrero, así como de los estudios que se están realizando para creación de una página web que permita el acceso de todos los asociados y una comunicación directa, haciendo una página dinámica y que permita la interacción de los asociados.
Álvaro Martín y Victor Casaleiro dieron, además, cuenta de las gestiones que se están realizando para la creación de un organigrama que permita dar respuesta a los problemas de los JATS y JED-JATS, creando una estructura territorial para atender, además, a los jueces que llegan a su primer destino, para que la debida acogida por los representantes de nuestra Asociación.
En el área internacional, nuestro compañero Francisco Silla dio puntual cuenta de los contactos mantenidos con la Unión Internacional de Magistrados y también de la oportunidad de organizar un encuentro con nuestros compañeros de Portugal dada la mayor proximidad.
La portavocía de la Asociación dio cuenta de las intervenciones realizadas ante los medios de comunicación en el último mes, resaltando la línea de absoluto respeto que merece –y se reclama- sobre las cuestiones que se encuentran sometidas a decisión de los órganos judiciales, algunas de ellas últimamente de evidente actualidad e interés. Sobre estos concretos asuntos, de acuerdo con el Protocolo de comunicación aprobado por la Asociación, no se expresan opiniones. Las decisiones que adopten en cada caso los Juzgados o Tribunales competentes, merecen todo el respeto, reservando a los medios su legítima valoración, y en su caso, a las partes, el ejercicio de los recursos que procedan de acuerdo con las normas procesales.
OTROS ASUNTOS
1.- Siempre resulta satisfactorio hacerse eco del crecimiento asociativo. En el último mes se han producido en la APM siete altas, y dos bajas por jubilación.
2.- La sociedad debe saber que la dedicación de los Jueces/as españoles al ejercicio de la jurisdicción es, sin duda, altísima. El crecimiento de la litigiosidad no se ha visto acompasado de un incremento paralelo de la planta judicial, y tan sólo gracias a la tarea -normalmente callada y sin pausa- de quienes ejercen jurisdicción, los ciudadanos obtienen una respuesta a sus pretensiones judiciales basada en la calidad científica, aunque no siempre lo ágil que debiera ser. Esa labor que desgraciadamente no se reconoce de manera habitual debe destacarse.
De ahí que el Comité Ejecutivo quiera expresar su reconocimiento y gratitud a los compañeros que recientemente han alcanzado la edad de jubilación, por tantos años de ejercicio en defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos a través de la jurisdicción. Resulta de justicia agradecer su magisterio y dedicación, al mismo tiempo que reconocer su trayectoria.
3.- Se ha estudiado también el desarrollo del proceso de implantación de medios telemáticos en la Administración de Justicia. Por su evidente interés y repercusión es una materia que no dejará de ser objeto de un atento seguimiento, continuo y asentado en la crítica constructiva, pero realista ante la constatación de carencias en el proyecto que deben ser objeto de mejora. Dada la diferencia de estado de la cuestión en unos y otros territorios, el Comité Ejecutivo ha acordado nombrar a los Magistrados Antonio Piña y Manuel Luna como coordinadores, junto con Joaquín Delgado, a nivel nacional del seguimiento del proceso referido. Ellos se han a encargar de hacer un estudio no solo de la situación existente en cada territorio sobre el proceso de implantación, sino sobre los requisitos personales, materiales y técnicos que la APM considera imprescindibles para la correcta implantación y desarrollo del proceso, de cara a presentar el estudio ante el CGPJ a fin de que lidere su reclamación como presupuesto básico de cara al mes de junio (fecha prevista para el inicio del expediente telemático), y, en otro caso, presentarlo ante las Salas de Gobierno para que lo planteen como exigencia ineludible ante las Autoridades autonómicas.
A través de ellos –a quienes podéis dirigiros planteando cuantas inquietudes estiméis oportunas- se realizará un compendio de información permanentemente actualizado para conocer con mayor precisión, y abordar en cuanto sea necesario, la problemática que está suscitando la persecución del ideal del “papel cero”.
Queremos agradecer a nuestros compañeros Francisco Trujillo y Pilar Martínez su propuesta para tratar en el orden del día de la reunión del Comité ejecutivo la conveniencia de que se haga un estudio de los efectos que la entrada en funcionamiento del sistema LexNet está teniendo en los diferentes territorios y se exija desde la Asociación su debida implantación.
4.- Novedad importante en la estrategia de comunicación asociativa es el nuevo enfoque que se pretende dar a la publicación ya conocida de la APM: la Revista Deliberación. Como Director de la Revista se ha nombrado al Magistrado Luis Antonio Soler Pascual, actualmente con destino en la Audiencia Provincial de Alicante y de acreditada trayectoria en el seno de la Asociación.
En consonancia con las nuevas tecnologías y por razones de eficacia, se ha decidido por el Comité Ejecutivo prescindir de su edición en papel y potenciar su versión digital, que verá modificados –y esperamos que enriquecidos- sus contenidos habituales. Además de la Revista se instaurará otra publicación, de frecuencia en principio mensual, centrada en el análisis de resoluciones judiciales de interés y en la aportación de comentarios doctrinales.
5.- Instrumento de dinamismo asociativo esperamos que resulte ser la Red de Apoyo a los jueces jóvenes. A través de los delegados provinciales de la Asociación podrán hacerse llegar a sus órganos directivos las demandas y cuestiones que deseen suscitar, y para cuya mejora la APM pueda llevar a cabo cuantas gestiones resulten posibles.
Por último, como todos sabéis ya se ha hecho público el plan de formación continua del CGPJ para este año 2016 y desde el Comité Ejecutivo queremos invitaros a que participéis activamente en los cursos, colaborando como ponentes junto con los compañeros de la asociación que han sido nombrados como directores de cursos. Es importante la participación de todos, desde nuestra formación y responsabilidad, que nadie pueda sentir que está excluido, pues esta participación debe estar abierta a todos nosotros.
El Comité Ejecutivo.