Historia de la APM

La Asociación Profesional de la Magistratura tiene sus orígenes en la década de 1970, cuando la idea de formar una asociación judicial comenzó a gestarse en España. En sus inicios, hubo debates sobre si cada cuerpo judicial debería tener su propia asociación, pero a finales de 1976 a 1978, se llevaron a cabo encuentros entre miembros de diferentes cuerpos judiciales. Estos encuentros permitieron conocer las inquietudes y posiciones de los jueces y fiscales, sentando las bases para la creación de la APM.

A pesar de los desafíos y la falta de una disposición clara en la Constitución, se logró la creación de la APM, que se constituyó como una asociación nacional descentralizada en secciones territoriales y delegaciones provinciales. En noviembre de 1979, se celebró una reunión clave con el Ministro de Justicia y otros representantes, donde se aceptaron las líneas generales del futuro Consejo General del Poder Judicial.

En diciembre de 1979, se elaboró un extenso anteproyecto de estatutos, y en una reunión en Sigüenza se discutió y finalmente se aceptó el nombre de «Asociación Profesional de la Magistratura». A pesar de ciertas tensiones y desafíos, la Asociación se consolidó y se convirtió en una fuerza significativa en la judicatura española.

En 1984, surgieron tensiones internas que llevaron a la escisión de la APM, dando lugar a la formación de nuevas asociaciones. Desde entonces la APM ha continuado siendo una asociación influyente en la judicatura española, defendiendo principios como la independencia judicial, la neutralidad y la imparcialidad. De hecho, la APM sigue siendo la asociación mayoritaria en el ámbito judicial en España, con más de 1.300 miembros afiliados.

La APM defiende a ultranza el concepto de Juez jurídicamente técnico, imparcial, políticamente neutral, económicamente suficiente, y servidor público por su condición de miembro de uno de los tres Poderes del Estado, el Poder Judicial. Y es bajo estos postulados la APM se define públicamente como jueces comprometidos. Porque el compromiso y la Independencia no son incompatibles. Comprometidos con la Constitución, con la legalidad del ordenamiento jurídico y con los ciudadanos, a los que nos debemos con vocación de servicio.

Desde la APM no aceptamos el concepto de Juez como funcionario público, porque no somos tales. Esa concepción implica residenciar al Juez dentro del contexto de la servidumbre al Poder Ejecutivo y ello es incompatible con el diseño Constitucional otorgado en la Carta Magna de 1978 y menoscaba la Independencia judicial, piedra angular del esquema de un Estado de Derecho. Nuestra función es impartir justicia mediante la aplicación estricta de la Ley y del Derecho. Por ello rechazamos la transformación de la sociedad a través de una praxis jurídica ideologizada. No es misión del Poder Judicial la transformación de la sociedad, sino resolver conflictos generados en su seno, exclusivamente a través de la aplicación e interpretación de la Ley y del ordenamiento jurídico. Tal y como ya señaló en su día el que fuera Presidente de esta Asociación Ramón Rodríguez Arribas: “un Juez apartidista que se reconoce humano y por ello posible víctima de sus propias ideas personales, pero que se declara decidido a poner todo su más íntimo esfuerzo en no dejarse arrastrar por otras que no sean las contenidas en las leyes como regla objetivada de convivencia social; un Juez amparador de las libertades de los ciudadanos, de todos los ciudadanos y de cada uno de ellos y por eso dispuesto a arrastrar las invectivas del grupo de la mayoría, (hasta de todos los demás) cuando entiende en conciencia que la Ley le ordena proteger el derecho de un solo individuo, en definitiva un Juez independiente, guardián de la dignidad de la persona y de la libertad, que trata de realizar la Justicia a través del Derecho”.

Desde su creación, han sido Presidentes de nuestra Asociación: