Reunión del Comité Ejecutivo. 3 de diciembre de 2015

Informe del Presidente.- Dio comienzo la sesión con el informe del Presidente, que nos trasladó puntual información sobre la visita al Ministro de Justicia (creación de plazas, distribución de plazas entre jueces y fiscales, y convocatoria de oposiciones), la renovación de los convenios de asistencia jurídica (con especial incidencia en la extensión de efecto sobre la sentencia del octavo día de guardia, el complemento de los JATs por adscripción a las Audiencias Provinciales, y las dietas de los JATs), el desarrollo reciente de las jornadas sobre Vi Encuentro Interterritorial de Jueces en Toledo, y la firma del nuevo Convenio con el Banco de Santander para la promoción de becas a quienes deseen preparar las pruebas de ingreso en la Carrera Judicial y, contando con un curriculum excelente en la carrera de derecho, no dispongan de medios económicos suficientes para afrontar la oposición.

Áreas de trabajo.- Seguidamente se hizo un repaso por parte de los distintos miembros del Comité Ejecutivo sobre el estado de trabajos en las distintas áreas de actuación que se han considerado  merecedoras de las actuaciones inmediatas, sin perjuicio de los puntos monográficos del orden del día que se reseñan a continuación (jurídica, institucional, formación, demarcación y planta).

Situación económica.- Por parte del tesorero de la Asociación se presentó el informe de situación económica: saldos a día de hoy, ingresos pendientes, gastos, estado de financiación y detalle de las partidas que configuran este conjunto de variables. A propósito de esta materia se abordaron varias cuestiones con mayor detalle, entre las que merecen destacarse los costes generados por la edición y distribución de la Revista Deliberación, los ingresos por cuotas de los asociados, y la situación de tesorería de las Secciones Territoriales. Desde la intención irrenunciable y permanente de optimizar la situación económica de la Asociación, se ha acordado elaborar un plan de gasto y financiación para someter a la decisión de la Comisión Permanente que se celebrará el próximo mes de febrero.

De cara a los dos próximos años se definieron a continuación, como proyecto a someter a la Comisión Permanente, las principales líneas de trabajo de la Asociación, cuyas bases, sin perjuicio de su incremento paulatino, quedaron establecidas en los siguientes bloques.

Estatutos.- Se llevará a cabo por el Comité Ejecutivo, en cumplimiento del encargo efectuado con el Congreso, la elaboración de un texto refundido de los Estatutos de la Asociación con el fin de disponer de una norma integrada, actualizada, que será sometida a la aprobación de la Comisión Permanente en su próxima sesión.

Estatuto judicial.- Se profundizará en la elaboración de iniciativas –sin perjuicio del seguimiento de cuantas han venido siendo puestas en marcha- en materia de carrera judicial, riesgos laborales, cargas de trabajo, retribuciones. A tal efecto se han asignado las funciones de coordinación de los distintos trabajos a realizar en estas materias y su seguimiento.

Programa de apoyo a Jueces jóvenes.- Acreditada preocupación de la Asociación Profesional de la Magistratura son los aspectos estatutarios que afectan a los jueces jóvenes, algunos de los cuales han sido abordados de las Jornadas antes citadas que se celebraron días pasados en Toledo. Las condiciones en que se incorporan al ejercicio de la función judicial, su más que comprensible preocupación por la oferta de plazas en los diferentes concursos de traslado, las perspectivas de ascenso… son cuestiones que merecen una atención especial. La Asociación Profesional de la Magistratura asume como un compromiso la creación de una red de contacto en todo el territorio nacional y una cédula de apoyo específica a las que puedan dirigirse quienes, pertenezcan o no a la APM, deseen trasladar sus inquietudes para que puedan ser canalizadas posteriormente ante los órganos e instituciones a los que, por razón de competencia, corresponda adoptar las decisiones necesarias.

Reformas legislativas.- El cúmulo de experiencias que todos vamos acumulando en el ejercicio diario de nuestra función judicial nos lleva continuamente a detectar los problemas que, por deficiencia u otras causas, presenta la aplicación de las leyes. En absoluto se trata de iniciar con este planteamiento una actividad de innovación que no nos corresponde. Pero sí es legítimo que, tras el estudio y debate necesario, le hagamos llegar a quienes tienen constitucionalmente atribuida la iniciativa legislativa todas cuantas sugerencias nos parezcan necesarias para la mejora constante de nuestra realidad normativa. A tal efecto se constituirán grupos de trabajo abiertos, por órdenes jurisdiccionales, que se ocuparán de la elaboración de tales sugerencias para, una vez maduradas y debatidas, defender su impulso y desarrollo.

Política de comunicación.- La apertura de la Asociación a la sociedad debe impulsarse de un modo particular a través de los medios de comunicación. La acción asociativa no sólo puede dirigirse –aunque de forma prioritaria- a las instituciones responsables de la gestión de la Justicia. Debe complementarse abriéndonos a la sociedad que es, al fin y al cabo, a quienes nos debemos para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Como desarrollo de estas premisas, y con el fin de lograr una mayor y mejor proyección informativa, se ha aprobado por el Comité Ejecutivo un Protocolo de Comunicación, que estará disponible en la página web de la APM por si resulta de vuestro interés conocerlo. Se acordó también iniciar la reestructuración de la web, con la intención de convertirla en un instrumento cada vez más útil en contenidos, información y relación. Asimismo se aprobó la apertura de una línea de Twiter por parte de los portavoces de la Asociación, a través de la cual puedan transmitirse de una forma más ágil aquellas noticias o comunicaciones de interés que así puedan ser de inmediato conocimiento por parte de los asociados.

Implantación de nuevas tecnologías.-Ya hemos reclamado en anteriores y reiteradas ocasiones una modernización de los medios en la Administración de Justicia que, necesariamente pasa por la mejora tecnológica. Se reitera una vez más. De todos modos, antelas más recientes iniciativas en este ámbito, la APM acordó en la sesión del día de hoy expresar su preocupación por el desarrollo del proceso de implantación del llamado Expediente Digital, y de ahí que inste del Consejo General del Poder Judicial la adopción de cuantas iniciativas y decisiones resulten necesarias, para que dicho proceso de implantación se lleve a cabo garantizando la dotación de los medios materiales acorde a sus exigencias, garantizando que se proporcione a todos los usuarios la formación necesaria para que la utilización del nuevo sistema sea un éxito, y reclamando la dotación presupuestaria necesaria para que el proceso pueda llevarse a la práctica con eficacia. No resulta compresible la puesta en marcha de un proyecto tan complejo denegando a la vez el incremento de recursos económicos y personales, máxime a la vista de la diferente sensibilidad que existe en función de los territorios o Comunidades Autónomas.

Tales cuestiones fueron trasladadas, en síntesis, al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la visita de salutación que tuvo la oportunidad de realizar el Comité Ejecutivo en la misma tarde de hoy.

En dicha reunión, desarrollada en un ambiente cordial, se han planteado, entre otras cuestiones: