Sobre el respeto a las resoluciones judiciales

Ante las manifestaciones realizadas en los últimos días desde alguna asociación judicial con relación a la reciente sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo nº 419/2017, de 9 de marzo, por la que se desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial a propósito del nombramiento de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, la Asociación Profesional de la Magistratura quiere hacer constar:

1º Como hemos afirmado en multitud de ocasiones, la crítica de las resoluciones judiciales es saludable, lícita y deseable en un Estado de Derecho.

2º Ahora bien, la libertad de expresión, que es un pilar fundamental del sistema democrático, no puede amparar la descalificación personal, ni la deslegitimación de los Tribunales, titulares del Poder Judicial, con veladas insinuaciones sin fundamento, por cierto inexistentes cuando no se renovó a la primera mujer presidenta de un Tribunal Superior de Justicia, y susceptibles de confundir a la opinión pública y crear un estado de alarma y desconfianza hacia las instituciones y los propios Tribunales. La atribución de intenciones espurias en las resoluciones judiciales, lejos de contribuir a la mejora del sistema, únicamente sirve para dar argumentos a quienes no comparten el Estado de Derecho que nos hemos dado.

3º Si como Jueces reivindicamos el respeto que dentro del esquema constitucional merece la realización del Derecho a través de los Tribunales, cualquiera que fuese el órgano del que dimana la resolución judicial criticada, con más sentido -si cabe- hemos de volver a recordarlo cuando se trata del Tribunal Supremo, donde se agota el esquema de recursos que viene establecido en el ordenamiento jurídico, y la descalificación procede del propio colectivo judicial.

4º Mostramos nuestro reconocimiento y más firme apoyo al Tribunal Supremo en el ejercicio de su fundamental tarea jurisdiccional, por ser su demostrada imparcialidad e independencia un presupuesto imprescindible del Estado de Derecho, y, por tanto, rechazamos con la misma contundencia cualquier actuación que ponga en cuestión las bases que constituyen la esencia de nuestra función jurisdiccional.

En Madrid, 18 de marzo de 2017.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura