COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA: RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La Asociación Profesional de la Magistratura siempre ha reclamado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que nos permita a los jueces y magistrados elegir a los Vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial. Es la primera de nuestras reivindicaciones y es, además, irrenunciable.

En el XXVI Congreso de la Asociación celebrado el pasado mes de diciembre hicimos un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios para llevar a cabo la renovación del Consejo. Lo acordamos ante la gravedad de una situación que no ha cambiado y es de todos conocida.

El 4 de diciembre de 2018 finalizó el mandato del actual Consejo y, desde entonces, los partidos políticos que conforman el arco parlamentario han sido incapaces de alcanzar el acuerdo por mayoría de 3/5 para proceder a dicha renovación, conforme exige la legislación actual.

De manera continuada los respectivos Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado han incumplido la obligación legal que establece el artículo 568 de la LOPJ de adoptar las medidas necesarias para proceder a la renovación mediante la convocatoria de las oportunas Comisiones de Justicia.

Durante estos años hemos conocido a través de los medios de comunicación los infructuosos intentos por llegar a ese acuerdo y cumplir el mandato constitucional.

Mientras tanto, la LO4/2021 ha privado al Consejo General del Poder Judicial de una de sus funciones constitucionales esenciales, la de hacer nombramientos, lo que está impidiendo la oportuna cobertura de casi un centenar de plazas vacantes en el Tribunal Supremo, de las presidencias de numerosos Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, etc.

A día de hoy, y por diferentes motivos, el Consejo se integra únicamente por dieciséis de sus veinte Vocales, ejerciendo uno de ellos las funciones de Presidente.

            Todas estas circunstancias están impidiendo el normal desarrollo de las funciones propias del Consejo, que se traslada al desenvolvimiento diario de la labor que se desempeña por los jueces y magistrados de este país y, sobre todo y lo que es peor, está perjudicando al ciudadano en el pleno ejercicio de su derecho fundamental a

 obtener la tutela judicial efectiva.

Esta situación de deterioro y de desgaste está afectando al funcionamiento ordinario del Consejo General del Poder Judicial, pero fundamentalmente y esto es lo más grave, a la percepción que el ciudadano tiene de la función independiente que cada día desempeñamos los jueces y magistrados de este país. Las constantes críticas que, con excesiva frecuencia, se vierten sobre el Consejo y las luchas políticas permanentes, llevan al ciudadano a creer, injusta y erróneamente, que los jueces de este país no somos independientes.

Parece que como último intento y con el fin de alcanzar un acuerdo, se decidió acudir a la mediación de la Comisión Europea, a través del Comisario de Justicia Didier Reynders. No vamos a valorar esta decisión, pero sí debemos mostrar nuestra preocupación por las noticias que aparecen en los medios de comunicación que indican que dicho acuerdo podría frustrarse.

Por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura instamos a quienes componen el Congreso de los Diputados y el Senado a que alcancen los acuerdos necesarios y procedan a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los mandatos constitucionales deben cumplirse por todos. Alcanzado ese acuerdo de renovación, tal y como nos está recomendando la Comisión Europea en los últimos años, debe procederse a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para devolvernos a los jueces la facultad de elegir a los Vocales judiciales, pues entendemos que esta reforma legal es la única acorde con lo establecido en artículo 122 de la Constitución y que, además, se ajusta a los estándares europeos y recomendaciones de los diferentes organismos de la Unión Europea y del Consejo de Europa.

En Madrid, a 11 de abril de 2024.

La Asociación Profesional de la Magistratura