JUSTICIA INDEPENDIENTE, GARANTIA DE DEMOCRACIA.

Como todos sabéis en estos días hemos celebrado el XXVII Congreso Nacional de la Asociación y el eslogan elegido para el Congreso no es que sea acertado en los tiempos que corren, es que es un imperativo categórico; si en un Estado de Derecho no hay una justicia que tenga capacidad para garantizar los derechos de todos los ciudadanos por igual, no habrá democracia. Si en un Estado de Derecho hay un Poder Judicial que es denigrado constantemente por los otros poderes del Estado sin que los mecanismos de defensa funcionen correctamente no habrá democracia.

En los últimos años, y en especial en las últimas semanas, estamos asistiendo a un ataque feroz a la independencia del Poder Judicial, no sólo hacia los Magistrados del Tribunal Supremo, sino también hacia cualquier Magistrado, Magistrada, Juez o Jueza que ose abrir una causa o tener que resolver algún asunto relacionado con alguna persona o cuestión que sea de interés para el “poder político”, porque esto no va de siglas de partidos o ideologías, sino de un ataque permanente por quienes representan al pueblo español en el Gobierno de la Nación, en los Gobiernos autonómicos o en las Cámaras Legislativas tanto de las Cortes Generales como Asambleas Autonómicas.

Sostienen dichos representantes del “poder político” que el Poder Judicial no está exento de críticas, y que desde la libertad de expresión se puede decir lo que se quiera.  Pues no, eso no es así. Una cosa es la crítica jurídica con relación a un determinado asunto una vez resuelto, y otra muy distinta son las injerencias constantes, los ataques permanentes a la independencia judicial y el acoso mediático al que se somete a los Magistrados que están conociendo del asunto.

Cuando se dicte la Sentencia, critique usted desde un punto de vista jurídico-doctrinal porqué a su juicio procedería haberse hecho una cosa distinta de la realizada, pero mientras el enjuiciamiento se está produciendo, lo democrático, lo procedente para garantizar la independencia del Poder Judicial no es proclamar a los cuatro vientos la inocencia del acusado desde la primera tribuna que se pise, plató de televisión o inauguración de obra pública.

No, esto no es libertad de expresión, esto es presionar a quién está juzgando para que emita una Sentencia en el sentido que se quiere por parte de poderes que no integran el Poder Judicial.

Imputar de un delito de prevaricación o sedición a Magistrados porque el fallo no se ajuste a los intereses privados de determinadas personas o colectivos, e incitar a una movilización ciudadana para ir en contra de unos Magistrados por haber emitido un parecer jurídico razonado, o invitar a otros órganos judiciales a “corregir” lo realizado por un Tribunal en el ejercicio legítimo de sus funciones supone un ataque frontal a la independencia judicial que debe parar.

Debe parar porque no todo vale por querer ganar el relato. La democracia tarda mucho en conseguirse y muy poco en destruirse.

El Poder Judicial es esencial para un verdadero Estado Democrático de Derecho; el Poder Judicial emana del pueblo español, al cual debe su legitimidad. No se puede poner falsamente en duda esa legitimación del Poder Judicial porque se ganará el relato esa semana, pero se perderá la confianza ciudadana en la justicia, y ello resulta muy grave en un Estado de Derecho, aunque no se quiera ver.

El Sr. ministro de Justicia vino a la clausura del Congreso y pidió que le escuchásemos más allá de la posición de la Asociación, como si la voluntad de la Asociación fuese distinta de la de sus asociados que éramos los que le escuchábamos, en fin… Nos dijo que las grandes reformas en materia de justicia nunca habían gustado a los jueces y con esto pretendía, no sé si justificar el rechazo a su reforma queriendo decir que siempre estamos en contra de todo lo que se pretende modificar en justicia. Hizo mención a la fuerte oposición que tuvo la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 en aquel momento, lo que olvidó decir es que quizás fue duramente criticada por la judicatura porque reformó el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial hacia un sistema de elección en el que se permitía una fuerte injerencia de los dos grandes partidos políticos en la elección de los vocales del Consejo y que desde Europa se nos ha invitado a cambiar.  

Efectivamente, todas las grandes reformas a las que se ha enfrentado la justicia habrán servido para llevar a esta a otro estadio, como por ejemplo su digitalización, pero desde luego no al de la plena independencia del Poder Judicial.

La plena independencia del Poder Judicial pasa por una plena independencia económica, una suficiencia de su plantilla orgánica, una independencia del Poder Ejecutivo, bien nacional o autonómico, del personal al servicio de la Administración de Justicia y dependiente únicamente del Poder Judicial, una mayor independencia de la Fiscalía que a su vez tiene como misión velar por la independencia del Poder Judicial.

De la nueva reforma planteada por el Gobierno con relación a la Oficina Judicial ninguna de estas aspiraciones para conseguir la plena independencia se ha materializado.

Resulta extraño que según va avanzando la andadura democrática de España el sentimiento de menor independencia del Poder Judicial sea mayor, cuando la lógica indicaría que según se van observando las debilidades del sistema, éstas se eliminen, no que se incrementen.

Sin embargo, y ya que se acerca la Navidad, intentaremos contagiarnos de ese espíritu de esperanza  propio de estas fechas, y reproducir en nuestras mentes esas frases de los ciudadanos que a todos nos llegaban cuando nos manifestamos en el mes de junio en contra de otra reforma que atentaba, nuevamente, a la independencia de la carrera judicial a través de su sistema de acceso, de que los ciudadanos están con su Poder Judicial, “¡ No estáis solos!, con el suyo, con el del pueblo español del cual emana la justicia, es decir, su Poder Judicial.