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XV Congreso de Sitjes noviembre 2003: Conclusiones: el juez español en el ámbito europeo

CONCLUSIONES: EL JUEZ ESPAÑOL EN EL ÁMBITO EUROPEO

La
comisión después de considerar el texto de la ponencia, con las
adiciones formuladas por D. Francisco Javier Arroyo y por la sección
territorial de Cantabria, acuerda:

1) CONCIENCIACIÓN COMUNITARIA.
Que
es preciso ahondar en la convicción de todos y cada uno de los jueces
españoles de su condición de jueces de la Unión Europea, aplicadores de
un derecho común interpretado uniformemente.

2) FORMACIÓN.
2.1-
Jurídica. Que para ello es necesario que tanto el poder público,
representado por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas, así como la APM, a través del
gabinete de estudios, desplieguen sus esfuerzos económicos e
institucionales a fin de:

a- Proveer a todos los
jueces españoles que lo precisen de una formación básica y suficiente
que les asegure el conocimiento del derecho originario y de las
instituciones europeas.
Esta formación debe empezar por la escuela
judicial con la formación inicial en el derecho comunitario de los
alumnos que se encuentren en la misma. Ésta deberá hacerse no sólo
mediante la elaboración de cursos sino como una asignatura más dentro
del programa formativo. Se podría realizar la experiencia piloto de un
intercambio de alumnos de la escuela judicial con la escuela nacional de
la Magistratura sita en Burdeos y a través del sistema Erasmus.
Asimismo,
deberá exigirse que en la escuela judicial se establezca como
asignatura obligatoria cualquiera de los idiomas comunitarios,
adaptándose a su plan formativo, incluso a través de la Academia TRIADS.

b-
Atender a la difusión del conocimiento del derecho derivado mediante el
suministro de bases de datos de reconocida solvencia el acceso a
centros de documentación europea, y la realización de talleres en los
que se analice la jurisprudencia del TJC.

Todo
ello sin olvidar que debe reclamarse de las mismas instituciones
públicas la formación inicial o básica entre el personal auxiliar que
presten servicios en la ofician judicial.

2.2.-  Idiomas. Que
como complemento a esa formación jurídica es conveniente el conocimiento
de lenguas comunitarias. Para ello el CGPJ deberá realizar los
convenios de colaboración necesarios, con los centros de enseñanza
pública de la escuela oficial de idiomas y de las empresas privadas,
además del existente con la UNED, para fomentar el estudio de lenguas
comunitarias entre los Jueces y Magistrados españoles.

En el
caso de localidades en los que no existan centros de idiomas que estén
dentro de esos convenios se podrán sufragar por el propio juez, con el
posterior reembolso por el CGPJ una vez superados los exámenes
oportunos.
En algunos territorios el sistema de aprendizaje de
idiomas a través de la UNED resulta inoperativo, por ello destacamos la
utilidad de los cursos intensivos a medida de los alumnos, en juzgados y
tribunales, jornadas de formación, incluso en el extranjero,
aprovechando periodos de vacaciones con la finalidad de obtener una
titulación a modo de control de calidad del proceso de aprendizaje.
Este
derecho-deber de formación en idiomas puede canalizarse a título
experimental a través del gabinete de estudios de la asociación –
análogo a la formación mercantil pendiente – reuniendo en unas jornadas
intensivas a los asociados interesados en actualizar su nivel de idiomas
y obtener al mismo tiempo un título oficial – Trinity College,
Cambridge – que acredite sus conocimientos en la materia. La puesta en
práctica de esta iniciativa sería a través de los programas de la Unión
Europea para el aprendizaje, la formación de profesores y redes de
promoción para adultos como la acción GRUNDTVIG y el programa LEONARDO
DA VINCI que financian herramientas de aprendizaje de idiomas en la
formación profesional con estancias transnacionales, intercambios y
visitas de estudios para formación, que la APM debe conocer y aprovechar
en colaboración con los estamentos oficiales.

El CGPJ deberá
reconocer los títulos de idiomas adquiridos e incorporarlo en el
expediente personal del juez (First, Toffel, etc..)

3) COOPERACIÓN JUDICIAL.
Se
debe elaborar una guía de e-mails judiciales para que todos y cada uno
de los jueces puedan comunicarse de una manera más directa y rápida.

El
CGPJ deberá elaborar  convenios de colaboración con el poder judicial
de otros países comunitarios para realizar intercambios judiciales a
modo de adjuntías.

Resultan imprescindibles las nuevas
tecnologías, pero es necesaria una preparación previa. Por ejemplo, la
traducción jurídica automática y videoconferencia. Debería
proporcionarse a todos los jueces un ordenador portátil.

Que se
cumplan las previsiones en materia de firma electrónica, actos de
comunicación por vía telemática y de interconexión entre todos los
Juzgados.

4) SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

Para
hacer efectivo el principio de primacía del derecho comunitario (Asunto
Flaminio Costa, 15 de julio 1964), y en consecuencia, para poder
aplicar el Derecho comunitario, desplazando al Derecho interno
incompatible, como jueces ordinarios (Asunto Simmenthal, 9 de marzo
1978), es necesario tener un conocimiento puntual de la nueva normativa,
y se propone, adquirir dichos conocimientos, mediante información
periódica, y también, a través de Internet (Infoeuropa y la Delegación
del Colegio General de la Abogacía en Bruselas).

Problema de la
colisión entre el Derecho interno y el Derecho Comunitario. Ante la
ausencia de mecanismos para impugnar las leyes contrarias al derecho
Comunitario (los reglamentos sí pueden ser impugnados ante la
jurisdicción contencioso-administrativa), debe exigirse al legislador
que asuma su responsabilidad de adaptar la legislación nacional a la
comunitaria.

Debería haber en el CGPJ un centro de documentación, para asesorar sobre la normativa comunitaria.