Todos los Jueces y Fiscales contra el límite de plazo

Todas las asociaciones de fiscales y jueces pidieron ayer públicamente al Ministerio de Justicia que modifique el nuevo sistema de plazos establecido para concluir investigaciones. Media docena de agrupaciones de jueces y fiscales explican en un comunicado conjunto que el nuevo sistema es «absurdo» y supondrá, en muchos casos, la «impunidad» de hechos delictivos.

A su juicio, resulta imposible que con los medios actuales se concluyan las investigaciones en los plazos marcados. Así lo sostienen la mayoritaria Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, así como, desde el lado de la magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo de seis meses para concluir las investigaciones. Para las que se califiquen de complejas, será de 18 meses. En ambos casos los plazos pueden prorrogarse a petición del fiscal –y sólo del fiscal– hasta los 18 meses en las causas sencillas y los cuatro años y medio en las complejas. «Es, por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma», afirma el comunicado.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, emitió su propio comunicado explicando que no se ha sumado al del resto de asociaciones porque éstas critican de forma global una reforma que contiene gran cantidad de mejoras. Pero en ese escrito critica también, por motivos distintos, el sistema escogido para gestionar los plazos. En su caso, la conservadora APM no reclama aplazar la entrada en vigor de esta parte de la reforma sino, directamente, su modificación.

En términos generales considera razonable poner límites temporales, pero rechaza que éstos únicamente puedan prorrogarse si lo reclama el fiscal. «Dado que la investigación sigue encomendada al juez de instrucción, coincidimos con la opinión generalizada en que no resulta coherente con nuestro sistema que la prórroga del tiempo de investigación se condicione a que lo pida el Ministerio Fiscal y sólo el Ministerio Fiscal», señala la asociación, partidaria de que también las defensas puedan solicitar la prórroga y de que ésta pueda ser acordada directamente por el juez instructor.

El mismo reparo también aparecía en el comunicado conjunto de las seis asociaciones: «Establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal -en el que la investigación está en manos del juez instructor, puede resultar absurdo, pues es el propio juez quien ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales, como es también absurdo otorgar al Ministerio Fiscal, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación».

Otra objeción planteada por la APM es que ese dominio del fiscal sobre la duración de las investigaciones –y por tanto sobre una de las vías de archivo– conlleva «suspicacias», debido a la estructura jerárquica del Ministerio Público y a que al fiscal general lo nombra el Gobierno. Sería fácil entrever causas no estrictamente jurídicas en la decisión de, por ejemplo, no prolongar unas pesquisas que perjudicasen al Gobierno o a un partido. Si el ministerio dirigido por Rafael Catalá tiene alguna intención de aplazar o cambiar la reforma tiene menos de dos meses para hacerlo: el próximo 5 de diciembre entrará en vigor y los fiscales tendrán que empezar a echar cuentas. (El Mundo).