Reunión del Comité Ejecutivo – 11 de enero de 2018

Como al término de cada sesión que celebra el Comité Ejecutivo de la Asociación, pasamos a informaros del contenido de las principales cuestiones que fueron abordadas a lo largo de la sesión. En todas las ocasiones somos conscientes de que precisaríamos de mucho más tiempo para tratar con mayor profundidad el conjunto de proyectos y materias que día a día forman parte del amplio elenco de temas que suscitan interés –y en algunos casos preocupación- en el seno tanto de la APM como de la carrera en general. Podéis tener la seguridad de que ninguno es ajeno a la labor de la ejecutiva. Nunca dejamos de tener presente que los intereses comunes son nuestra ocupación prioritaria. Y de ello ofrecemos, fieles al compromiso de transparencia, la información que se resume a continuación.

La sesión dio comienzo, como es habitual en cada orden del día, con el

INFORME DEL PRESIDENTE

 Expone el Presidente de la Asociación en primer lugar su informe sobre las gestiones realizadas y reuniones mantenidas desde la celebración de la última sesión del Comité Ejecutivo sobre los temas judiciales de inminente actualidad.

Así da cuenta de las conversaciones mantenidas en los últimos días en torno a la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se debatirá en sede parlamentaria próximamente, con especial referencia –entre otras- a materias como la reforma del régimen de los permisos, la elección de los Vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, el diseño de la implantación de los tribunales de instancia, la regulación de la especialidad en los órdenes jurisdiccionales civil y penal, o la reforma de la casación autonómica.

Informa también que a medio plazo se plantea una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para lo que ya debemos asumir el compromiso de elaborar un informe de sugerencias que pueda hacerse llegar lo antes posible a todos los grupos políticos.

En otro orden de cosas da cuenta de la reunión mantenida en el día de ayer en el Ministerio de Justicia, donde se insistió por parte de la APM en la imperiosa necesidad de progresar en los trabajos de la mesa de retribuciones para definir con carácter previo al inicio de la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, los conceptos y cuantías que debieran verse dotados ya para el próximo ejercicio. La aprobación de esta ley –es evidente- será el soporte donde puedan verse reflejadas las modificaciones que están siendo impulsadas en la mesa.

INFORMES POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

En el área de Internacional, Javier Martínez dio cuenta de los acuerdos y comunicados suscritos en el seno de la UIM por la preocupación ante las reformas legislativas que se están produciendo en Polonia y que afectan gravemente a la independencia judicial, aprobándose por el Comité Ejecutivo un pronunciamiento expreso sobre esta cuestión en los siguientes términos “Con relación a las modificaciones legislativas recientemente aprobadas en la República de Polonia, la Asociación Profesional de la Magistratura, en su reunión del Comité Ejecutivo de 11 de enero de 2018, ha acordado hacer pública la siguiente comunicación:

La Asociación Profesional de la Magistratura constata con preocupación que las últimas reformas legislativas producidas en Polonia que afectan al poder judicial suponen una lesión a la independencia judicial, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

El elemento principal que caracteriza el espíritu de nuestra asociación es la defensa de la separación de poderes y la independencia judicial. Por eso, solicitamos a las autoridades de Polonia que reconsideren las iniciativas legislativas recientemente aprobadas, en la línea de las recomendaciones de la Comisión Europea, para restaurar la necesaria independencia de los jueces en su labor”.

Asimismo se informa de la respuesta dada desde esta área al cuestionario remitido por el Relator de Naciones Unidas sobre la independencia judicial de nuestro país.

En el área de Acción asociativa, Álvaro Martín, plantea la necesidad de llevar a cabo a nivel nacional un examen de las líneas de actuación a seguir en el ámbito de las Salas de Gobierno y en el impulso coordinado en el seno de las mismas de las propuestas de la Asociación, especialmente en este año que comienza.

En orden a la vertebración de este proyecto, para recoger información en primer lugar sobre el estado del territorio y luego impulsar los proyectos que deban reforzarse, se programará la celebración de una reunión con los miembros de las Salas de Gobierno.

En el área de asistencia jurídica, Manuel Luna, da cuenta de las últimas peticiones recibidas de ayuda por parte de loa asociados. También se comenta la circular distribuida por el Secretario Coordinador del TSJ de Castilla La Mancha dando instrucciones sobre la imposibilidad de imprimir las causas judiciales que están alojadas en expediente digital. Es previsible que conforme avance la implantación del proyecto digital, se reduzca la impresión en papel de las diligencias informatizadas, pero ello no puede significar la imposibilidad de acudir, por necesidades de trabajo, a esta práctica cuando resulte imprescindible para el estudio del asunto o la elaboración de la resolución correspondiente.

En el área de acción social, Eva Ramírez informa del contenido del documento elaborado por el Consejo en torno a diversas mejoras para la carrera judicial, en el seno del grupo de trabajo de acción social que se desarrolla bajo la coordinación del Vocal Juan Martínez Moya (en el ámbito de la conciliación, adaptación de puestos de trabajo…). Se mantiene la asistencia a dicho grupo por la APM de José Ramón Solis y Manuel Bellido, que ya vienen participando.  Se decide insistir en el curso de la elaboración del estudio de medición de cargas de trabajo, objetivo que habrá que reiterar cuantas veces sea necesario a la vista de la demora que ya arrastra su definición.

En el área de igualdad y menores, dan cuenta Carmen Pilar Caracuel y María Jesús del Barco de la petición de colaboración recibida de la Mutua Madrileña de cara a la organización de un curso en materia de bullying y ciber-acoso en el ámbito escolar. Se está, por otra parte, pendiente de la concreción de las fechas de la edición anual de las “Jornadas para el Diálogo” en Málaga, que pueden celebrarse en la segunda quincena del mes de abril.

En el área de comunicación, se da cuenta de lo que ha sido la atención informativa monográfica en los últimos tiempos: el panorama constitucional que resulta tras la celebración de las elecciones autonómicas y la situación en que se encuentran algunos de los candidatos que han resultado elegidos. Se da cuenta asimismo al Comité de la comunicación recibida de la Sección Territorial del País Vasco, que abrirá una cuenta de Twitter. Al hilo de esta comunicación debe recordarse, en consonancia con las conclusiones de la ponencia aprobada en el último Congreso, que la opinión de la Asociación Profesional de la Magistratura sobre temas de actualidad judicial, legislativa o de otra índole, es la manifestada únicamente a través de las cuestas oficiales que la asociación tiene abiertas en Twitter, Facebook o las que en otras redes sociales en el futuro, se acuerde abrir desde el gabinete de comunicación. Por otra parte, cuando la información u opiniones asociativas que se difundan a través de las cuentas territoriales afecten a materias cuyo ámbito es mayor que el propiamente territorial, con el fin de mantener la coherencia y unidad del mensaje asociativo habrá de coordinarse dicha información con la portavocía nacional.

Da cuenta Juan José Carbonero del estado de tesorería de la Asociación.

En el área de estudios e informes, Antonio Recio expone el contenido de los informes elaborados (y que han sido repartidos previamente por correo electrónico con el orden del día) sobre la regulación de la especialización en el orden jurisdiccional civil y por otra parte en el orden penal. Por otra parte, Juan José Carbonero expone el informe sobre la posible reforma de la casación autonómica en materia contencioso-administrativa que ha sido distribuido también con los documentos anteriores. En otro orden de cosas plantea la necesidad de llevar a la Ley Orgánica la modificación del régimen de responsabilidad civil de jueces y magistrados.

Se acuerda, por otra parte, elaborar un resumen del Informe Greco hecho público el pasado 3 de enero, con el fin de impulsar ante las instituciones que resulten competentes, las iniciativas que sean necesarias tanto de naturaleza normativa como organizativa.

En el área de Jueces Jóvenes, Víctor Casaleiro se refiere a las modificaciones inherentes a la fase de formación, y destaca una vez más la necesidad de avanzar en resultados en el seno de la mesa de retribuciones, ante la situación que por la carestía de la vida y en particular la que caracteriza a determinados destinos, nos hacen llegar los asociados.

Así mismo, con respecto al cambio del logo de la asociación, como ya se anunció en el comunicado remitido el pasado martes 9 de enero, desde el Comité Ejecutivo se ha decidido que los asociados de cada Sección Territorial comuniquen a su respectivo Presidente su decisión sobre ese cambio, en todas las opciones planteadas, esto es, desde el mantenimiento del actual hasta la elección de cada uno de los siete nuevos modelos planteados que podéis ver al abrir cada uno de los dos archivos que os fueron enviados. El plazo de votación será del 1 al 28 de febrero próximos.

Se inicia en la presente sesión un ciclo de reuniones del Comité Ejecutivo con los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para llevar a cabo con ellos el intercambio permanente de ideas y trasladarles las propuestas en materia de Justicia. Asiste hoy a la reunión María Jesús Moro, portavoz del grupo parlamentario popular en la Comisión de Justicia. Quede constancia, ante todo, del agradecimiento de la Asociación al corresponder a la invitación que se le cursó para acudir a esta sesión.

Por su parte, informa a los miembros del Comité Ejecutivo sobre la marcha de los trabajos de la subcomisión creada de cara al establecimiento de las bases generales sobre las reformas a impulsar en materia de Justicia. Expresa ante todo que lo ideal sería consensuar en el seno de la subcomisión el plan de reformas a implantar a medio y largo plazo para cerrar un acuerdo a finales de este mes. Como temas esenciales destaca:

Sistema de elección de los Vocales judiciales del CGPJ.

Agilización de la Justicia.

Modelo procesal penal.

Medidas relacionadas con la imagen de politización (puertas giratorias …)

En nombre del Comité Ejecutivo, Manuel Almenar expone los principios y objetivos prioritarios de la Asociación partiendo de la premisa de la necesidad de afrontar las reformas orgánicas, estructurales y procesales, desde la concepción de la Justicia como cuestión de Estado, con garantías de estabilidad y al margen de los cambios políticos que puedan resultar de cada ciclo electoral. Resumidamente se destacan entre nuestras prioridades, la reforma del Consejo (no sólo en cuanto al sistema de elección de sus miembros), la necesidad de dotación económica, el incremento de medios, la urgencia de determinadas reformas procesales, la definición de la planta en función del modelo que necesita la actualidad judicial…

A continuación por parte de distintos miembros del Comité se le plantean cuestiones más concretas, destacando entre éstas el intercambio de opiniones que se produce en torno al proyecto de modificación del modelo de proceso penal, con la atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal. Una vez más se reitera la firme posición de la APM al considerar que tal reforma no es necesaria, defendiendo –como se hará con los restantes portavoces parlamentarios- la idoneidad de la figura del Juez de Instrucción, por los distintos motivos que hemos hecho públicos a lo largo de tantos documentos.

En Madrid, a 11 de enero de 2018.

El Comité Ejecutivo