Reunión de la Comisión Permanente – 16 de noviembre de 2018

La diversidad de focos de actualidad generada en torno a la situación de la Justicia en España en los últimos tiempos ha venido a coincidir con la celebración de la reunión semestral de la Comisión Permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura, los días 15 y 16 de noviembre del año en curso. El máximo órgano entre Congresos de la APM es quien debe establecer las directrices de actuación, que en estos momentos alcanzan especial intensidad por la entidad de los temas que, de una forma u otra, alcanzan a nuestras iniciativas. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, las reformas legislativas en curso, los ataques que viene sufriendo el Poder Judicial o la ausencia de respuesta a nuestras propuestas de mejora de la Justicia han sido las cuestiones que centraron las reflexiones compartidas estos días, de cuyo resultado dejamos sintética constancia en este resumen, no sin confirmar una vez más la fortaleza de nuestra Asociación y su permanente compromiso con una Justicia mejor como esencia fundamento de nuestra razón de ser.

De acuerdo con el orden del día previamente establecido, la reunión dio comienzo con el

INFORME DEL PRESIDENTE

Expuso el Presidente de la Asociación su informe a la Comisión Permanente sobre los asuntos de mayor relevancia desde la celebración de la última reunión, con especial incidencia en tres áreas.

1.- En primer lugar abordó el transcurso de las reuniones con el Ministerio de Justicia. Se refirió inicialmente a la celebrada en los últimos días del mes de julio, que sirvió para exponer al nuevo equipo ministerial el conjunto de inquietudes asociativas y propuestas en las distintas áreas de trabajo que ya venían siendo objeto de negociación con el Ministro anterior. La reunión de la Mesa de Retribuciones el 27 de septiembre, con asistencia de representantes del Ministerio de Hacienda fue la siguiente reunión.  El punto esencial que se planteó en el transcurso de la misma fue –por parte del Ministerio- la elaboración de un reglamento de funcionamiento de la Mesa, lo que distaba enormemente del objetivo que nos habíamos planteado: desarrollar los trámites necesarios para recuperar el poder adquisitivo perdido, mejorar la retribución de las guardias, la reforma de los grupos de población y regular la percepción de la productividad de una forma más justa. Se concedió un breve plazo al Ministerio para que pudiera facilitarnos un plan de trabajo concreto, y ante su pasividad se decidió la convocatoria de la huelga del día 19 de noviembre, secundada por todas las asociaciones de Jueces y asimismo de Fiscales. Esta reacción provocó en el Ministerio convocó la llamada a una nueva reunión en la que la Sra. Ministra nos pidió explicaciones por la razón de la huelga. Se le expuso una simple razón: la ausencia de propuestas concretas; la inexistencia de avance alguno. Convocada la huelga el Ministerio trasladó al Consejo General del Poder Judicial la necesidad de que determinase los servicios mínimos; el Consejo no lo ha hecho. Tampoco nos pareció asumible la petición del Ministerio de Justicia de que le comunicásemos la relación de Jueces y Magistrados/as que secundásemos la huelga. Nosotros los comunicaremos a quien debemos: a nuestros órganos de gobierno, que son los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. La reacción es conocida: el anuncio de que se nos descontará el sueldo correspondiente a la jornada de huelga, y esa referencia a la ruptura de negociaciones cuyo alcance es difícil de entender.

2.- Da cuenta a continuación Manuel Almenar del estado y evolución de las reformas legislativas que más directamente nos afectan; en particular la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es conocido que se hallaba en trámite desde hace tiempo la que afecta a las materias de licencias y permisos así como a la especialización judicial.  A raíz de esa reforma –sabido es también- se desarrolló la reforma de la estructura y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial que modifica notablemente el esquema diseñado en la reforma de 2013. Todas las gestiones desplegadas por la APM tuvieron como objetivo principal la recuperación del sistema de elección judicial de los Vocales judiciales del Consejo, reivindicación que hemos considerado siempre, y seguimos considerando, acorde con el espíritu constitucional, y que de nuevo carece de acogida en la mayoría de los grupos parlamentarios. Esta falta de acogida no impidió que canalizásemos nuestras ideas a propósito de las modificaciones de la Ley Orgánica, que hicimos llegar a dichos grupos con la intención de que fuesen examinadas al hilo de las enmiendas principales al articulado.

3.- Se refiere asimismo el presidente al desarrollo del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, comenzando por la elaboración de la candidatura de la Asociación Profesional de la Magistratura. Las previsiones –conocidas con amplitud a través de los medios de comunicación- apuntan a una renovación puntual en el tiempo. Ante todo insistimos de nuevo en que el sistema de elección de los Vocales que defiende la APM es el que otorga a la carrera judicial la elección de los que son de procedencia judicial. Ello no obstante, la APM, como fruto de las elecciones celebradas en las distintas Secciones territoriales el pasado mes de julio, confeccionó su candidatura con arreglo a un sistema democrático y es la que inequívocamente defiende. El nombre del candidato a Presidente se divulgó recientemente a través de páginas web institucionales, y ayer se difundió que los tres candidatos a Vocal que ostentan la categoría de Magistrados del Tribunal Supremo habían sido ya aceptados por consenso entre los grupos parlamentarios. El Partido Socialista hizo pública también su propuesta de candidatos. El Partido Popular la hará pública la próxima semana. A primeros del mes de diciembre se producirá previsiblemente la votación en el Congreso y en el Senado, siendo por ello probable que la renovación se materialice antes del 15 de diciembre.

Como reflexión sobre este conjunto de áreas, señala el Presidente que nos gustaría contar con un balance mucho más avanzado, con un elenco de logros acorde con nuestras propuestas y aspiraciones. Pero ha de quedar claro que ni resulta frustrante ni nos conduce al desánimo. En absoluto. Como siempre hemos hecho, seguiremos defendiendo nuestros valores, y luchando sin pausa por la mejora constante de la carrera judicial y la Justicia. Esta actitud está siendo valorada; baste como muestra el hecho de que desde el Congreso de celebrado en Santander hace ahora exactamente un año, la APM ha tenido 65 altas.

Como objetivos prioritarios para los próximos meses podemos anunciar:

Alcanzar un incremento hasta el 5% de la partida de retribuciones variable.

Lograr la aprobación de la razonable determinación de las cargas de trabajo.

Ver realizadas nuestras aportaciones a la Instrucción del Consejo sobre armonización de los sistemas informáticos.

Seguidamente se procedió a la dación de cuenta de los

INFORMES POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

Javier Martínez, en cuanto al área de Internacional. Dio cuenta del transcurso y resultado de las últimas reuniones del Grupo Iberoamericano de la UIM, así como de las colaboraciones concretas que nos han solicitado en sus áreas de trabajo.

Eva Ramírez, en el área de asistencia jurídica y protección social, expuso el resultado de las gestiones entabladas con la Mutualidad General Judicial y con el Consejo. También sobre la Instrucción que se aprobará el próximo jueves 29 sobre régimen económico de las bajas por enfermedad. Se refirió asimismo al documento que se encuentra en fase de aprobación por el Consejo en materia de cargas de trabajo.

Antonio Recio abordó lo referente al Reglamento de retribuciones variables. El Informe de la APM sostiene una postura crítica a su contenido por el método de valoración y baremo. Se acogieron algunas de las observaciones expuestas por la Asociación y resulta previsible su aprobación a finales de este mes: se abonará como retribución variable el complemento del 5% del sueldo a quienes superen el 120% de la carga. Este es el concepto clave. Hay una sucesión de acuerdos del Consejo determinando cargas de trabajo a lo largo del tiempo; el Ministerio de Justicia maneja otros, y así no encontramos un punto de referencia unánime que pueda conducir a la determinación de una planta judicial adecuada. Pero aun así es importante destacar la reforma del Reglamento mencionado. Por otra parte, también hay que destacar la Instrucción Digital: documento de referencia de contenidos que elabora y aprobará de inmediato el Consejo y que deberá ser cumplido en todos los territorios sea cual sea la Administración que tenga la competencia sobre medios materiales. La consecuencia de su incumplimiento será que podamos rechazar el expediente digital que no se ajuste a los parámetros de la Instrucción (entorno, especificaciones, medios. Conexión…).

En el área de Jueces Jóvenes, Víctor Casaleiro se refiere a la problemática que afecta a los Jueces de Adscripción Territorial. La reforma actual en trámite de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Congreso les priva de las funciones de refuerzo y sustituciones, perjudica su situación y en la práctica va a derogar el Reglamento del Consejo y la Instrucción que lo desarrolla, creándonos un problema de retroceso. Da cuenta también de la celebración del curso en el pasado mes de octubre en Córdoba en colaboración con Telefónica, y destaca también el índice de afiliaciones de jueces jóvenes, lo que resulta muy significativo y fruto sin duda de la labor de todos los integrantes de la Asociación.

En el área de Acción asociativa, Álvaro Martín expuso las líneas generales de un proyecto en estudio, que se consolidaría en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla: un proyecto formativo amplio y estable, que tendría el modelo de desarrollo de una universidad de verano, y de cuyo resultado se dará cuenta en próximas reuniones dado lo incipientes que son todavía los contactos para su programación. Pone en conocimiento de la Comisión Permanente que en el seno del Comité Ejecutivo se ha comenzado a diseñar una base de programa de actuación a proponer al próximo Consejo. Descansaría en los siguientes puntos: 1. Avanzar en el modelo de Tribunales de Instancia. 2. Reorganización del modelo de carrera (escalones a consolidar con independencia del destino en el que te encuentres en cada momento; vertiente retributiva…). 3. Implicación más decidida de los compañeros ante los ataques a la independencia judicial. 4. De una vez por todas, determinación de las distintas proyecciones de las cargas de trabajo. 5. Impulso de un plan de dotación económica para sustituciones y refuerzos. 6. Modernización tecnológica. 7. Conciliación de la vida laboral y familiar. 8. Adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo.

Se solicita de los miembros de la Permanente que hagan llegar al Comité ejecutivo todas cuantas sugerencias, desarrollos y adiciones consideren que deben unirse a los puntos básicos expuestos.

En el área de comunicación se da cuenta de cómo se han abordado las materias que en los últimos tiempos han suscitado mayor interés para los medios informativos.  Especial referencia merece todo cuanto rodea al proceso que se sigue ante la Sala Segunda del Tribunal supremo, con una ratificación en este acto de nuestra repulsa y condena por los ataques realizados en los últimos días en el domicilio del magistrado instructor, Pablo Llarena, en cuanto suponen un atentado al Estado de Derecho y a la democracia en sí misma que no podemos silenciar. Se hace también un breve resumen de la respuesta que ha venido dando la APM en otros temas (reacción social ante la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial) y se destaca el mensaje que ofrecemos a la sociedad en torno a los motivos que nos llevan a secundar la huelga del próximo lunes: se trata de la misma respuesta que dimos en mayo a la desatención que viene soportando la Justicia en España.

Juan José Carbonero, como tesorero informa del estado de cuentas de la Asociación.

Seguidamente se abre un debate sobre aspectos determinados del seguimiento de la jornada de huelga del lunes 19.  Fundamentalmente gira en torno a la concreción de las vías de comunicación de los datos de seguimiento de la huelga y también acerca de las medidas a seguir a partir del martes. Tras un interesante intercambio de pareceres entre los asistentes, se acuerda convocar al Ministerio de Justicia a una reunión para emplazarle a negociar el conjunto de propuestas planteadas, comprometer un calendario de resultados y avanzarle ya la posibilidad de adopción de nuevas medidas de persistir en esta situación de bloqueo; inicialmente, y sin descartar otras opciones, el seguimiento de un paro diario de dos horas durante diez días.

En Madrid, a 16 de noviembre de 2018

El Comité Ejecutivo