La REI: un compromiso con la igualdad

Quienes impartimos justicia sabemos que, más allá de los textos legales, hay situaciones que exigen una mirada más consciente. De esa convicción nace, precisamente, la Red de Especialistas en Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (REI), un proyecto que quiere acompañar a los jueces y magistrados en la tarea de integrar la igualdad en la aplicación del Derecho.

El pasado 20 de octubre el CGPJ inauguró esta Red de Especialistas en Igualdad, integrada por treinta jueces y magistrados seleccionados mediante un procedimiento selectivo fundado en los principios de publicidad, igualdad mérito y capacidad. Según se incluye en las propias normas de funcionamiento de la REI, la nueva Red tiene como misión, entre otras, prestar asesoramiento técnico a los órganos judiciales en la aplicación del principio de igualdad, en el enjuiciamiento con perspectiva de género y en el impulso de políticas de conciliación laboral dentro de la carrera judicial. Otra función de la REI es la de favorecer el conocimiento y la continua actualización de los miembros de la carrera judicial del derecho nacional, de la UE e internacional, así como de la jurisprudencia (tanto nacional como supranacional) en materia de igualdad de trato, no discriminación y aplicación de la perspectiva de género.

Por ello, ser miembro de la REI es un verdadero honor, pero también una responsabilidad que exige combinar el rigor técnico con una sensibilidad profunda hacia la realidad social. Supone participar activamente en la construcción de herramientas jurídicas que integren la perspectiva de género en todos los órdenes jurisdiccionales, elaborar materiales de apoyo, contribuir a la formación de la carrera judicial y ofrecer asesoramiento especializado a los órganos judiciales que lo necesiten. Para ello, la REI se organiza en cuatro divisiones que coinciden con los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo y social y por áreas temáticas transversales que reflejan la realidad plural de la igualdad: trata de seres humanos, antigitanismo, LGTBIQ+, personas migrantes y edadismo.

Pero más allá de la tarea institucional, considero que hay una dimensión personal y ética: la convicción de que la justicia sin igualdad se queda incompleta. Significa ser parte de un grupo de magistradas y magistrados que creen que la imparcialidad no se resiente por reconocer las desigualdades, sino que se perfecciona.

Formar parte de la REI es también un espacio de aprendizaje colectivo. Nos permite compartir experiencias, debatir sobre los límites y los retos de aplicar la perspectiva de género y construir, paso a paso, una cultura judicial más consciente, más justa y cercana.

En un tiempo en que la igualdad se pone a prueba cada día (en los tribunales, en la sociedad y en nuestras propias instituciones), parece que esta Red nace para recordar que la justicia no puede ser ajena a la realidad de quienes la necesitan. Ser magistrada y miembro de esta iniciativa me permite comprobar, desde dentro, que la igualdad no es un ideal abstracto, sino una tarea cotidiana que exige conocimiento, sensibilidad y mucho compromiso.

Por todo ello, creo que la REI es una señal de compromiso de nuestro poder judicial con la igualdad real; es un reconocimiento de que el principio de igualdad debe permear el interior de la propia institución judicial: desde los nombramientos, la conciliación, la visibilidad, hasta la cultura profesional.

Pero, claro, con el avance también viene el desafío: no basta con crear la Red, hace falta que funcione, que tenga la influencia para la que ha sido creada y que “cale” tanto en los órganos judiciales como en el propio justiciable. Como miembro de esta REI, creo que nos enfrentamos a algunos retos: hacer que las guías, protocolos y estudios que la Red elabore no queden archivados, sino que sean instrumentos vivos que cambien ciertas rutinas judiciales; o garantizar que la igualdad no se convierta en fórmula ritual, sino en parámetro real de valoración judicial de modo que la perspectiva de género, la no discriminación y la igualdad de trato no sean optativas.

En un momento en que la sociedad es cada vez más consciente de las desigualdades que persisten (no sólo hablamos de género, sino de origen, de edad o de condición social), los jueces necesitamos herramientas y formación continua que nos permitan entender esas realidades y reflejarlas con justicia en nuestras resoluciones. La REI cumple precisamente esa función: formar desde dentro, con conocimiento jurídico, pero también con experiencia y empatía. No basta con tener leyes igualitarias si quienes las aplicamos no contamos con una mirada entrenada para detectar los sesgos que pueden condicionar un proceso, una prueba o una sentencia.

Por suerte, considero que el trabajo de la REI no parte de cero. La doctrina del Tribunal Constitucional ha recordado en numerosas ocasiones que el principio de igualdad (art. 14 CE) y la promoción de la igualdad real y efectiva (art. 9.2 CE) son pilares del Estado social y democrático de Derecho. Del mismo modo, el TJUE ha consolidado una línea jurisprudencial en la que la igualdad y la no discriminación se configuran como principios generales del Derecho de la Unión. Desde el asunto Defrenne hasta casos más recientes, el TJUE insiste en que los jueces nacionales deben garantizar no solo la ausencia de discriminación directa, sino también la corrección de las desigualdades estructurales. Esta doble referencia constitucional y europea refuerza la legitimidad y la necesidad de la REI.

La REI se suma a otras estructuras de cooperación judicial ya consolidadas, como la REJUE (Red Judicial Española de la Unión Europea) y la REDUE (Red Judicial de la Unión Europea). Mientras aquellas promueven la correcta aplicación del Derecho de la Unión y la cooperación entre Estados, la REI tiene un cometido más cercano: fortalecer la justicia desde dentro, promoviendo una cultura judicial más igualitaria, más sensible y consciente del valor constitucional de la igualdad. En cierto modo, si las redes europeas conectan la justicia con Europa, la REI la conecta con la realidad social.

En fin, formar parte de la Red de Especialistas en Igualdad es ilusionante porque representa la oportunidad de contribuir activamente a consolidar una justicia más coherente con los valores constitucionales, más atenta a la sociedad y, sobre todo, más preparada para responder a los retos de la igualdad efectiva. Integrar esta Red significa trabajar en equipo, compartir conocimiento y avanzar hacia una aplicación del Derecho más rigurosa y consciente de su dimensión humana. Es una tarea exigente, pero también profundamente gratificante para quienes creemos que la igualdad no es solo un principio, sino una forma de ejercer mejor la función judicial. Confío en estar a la altura de la responsabilidad que supone esta nueva etapa y en poder contribuir, con dedicación y rigor, al fortalecimiento de nuestra institución y, por supuesto, animo a todos los integrantes del poder judicial a aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece esta Red, fomentando la mejora continua de nuestro servicio a la ciudadanía.

Alicia Díaz-Santos Salcedo.

Magistrada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña.

Miembro de la Red de Especialistas en Igualdad del CGPJ.