Comunicado APM sobre decisión del Pleno de la Sala Tercera del TS en relación al sujeto pasivo del IAJD (7nov2018)

COMUNICADO ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

Ayer se conoció la decisión adoptada por el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con relación al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Tras la lamentable gestión de lo que no debía ser sino uno más de los procesos de unificación de criterios que se producen habitualmente en los Tribunales, la rectificación del criterio recientemente expresado por una Sección de la Sala, máxime cuando se produce por una ajustada mayoría,  es comprensible que haya causado desconcierto en la opinión pública y un profundo malestar por parte de quienes se ven afectados por su contenido.

Sin embargo, no podemos compartir algunas de las críticas vertidas, especialmente por algunos responsables políticos, no solo hacia el Tribunal Supremo sino hacia el sistema judicial en su conjunto.

A sabiendas de que lo fácil es en estos momentos sumarse a quienes promueven el desprestigio de la Justicia española, desde la Asociación Profesional de la Magistratura queremos negar con la mayor nitidez que la motivación de las decisiones de los Tribunales en España obedezca a presiones o injerencias espurias, a la más remota suerte de servilismo hacia grupos económicos o de otra índole, o a posiciones personales ajenas a la aplicación de la ley.

El principio de seguridad jurídica, garantizado en la Constitución, exige la uniformidad en la aplicación judicial del Derecho así como contar con una previsibilidad del resultado de los pronunciamientos judiciales. Cierto. Pero antes exige también un marco legislativo que evite en la medida de lo posible amplios márgenes a la interpretación. Los Jueces no pueden ni deben convertirse en legisladores, ni son responsables de la pasividad o de la imposibilidad de las fuerzas políticas de buscar acuerdos.

Cumple recordar que el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, en el que se resolvían cuestiones de actualidad, como el sujeto obligado al pago de los aranceles notariales, los gastos de tasación y gestoría, o el vencimiento anticipado, se encuentra paralizado desde marzo en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Si el Poder Legislativo tiene claro quién debe asumir el IAJD, basta un proyecto del Gobierno o una proposición de ley, tramitado por la vía de urgencia, o una enmienda a cualquier proyecto o proposición de ley en trámite en materia económica, para que en apenas dos meses quede resuelto el problema, con la eficacia retroactiva que el legislador considere oportuno. Pero no pase su responsabilidad al Poder Judicial.

Por otra parte, la situación de abandono en que se encuentra la Justicia en España no puede silenciarse ante pronunciamientos concretos, por amplia que sea su repercusión.

De hecho, en esta línea, el propio Presidente del Gobierno acaba de asumir la necesidad de la reforma legal.

Del conjunto de la actividad judicial que día a día se desarrolla en defensa de los derechos de todos los ciudadanos, no podemos olvidarnos ante casos que –insistimos- alcanzan un amplio eco y consecuencias.

De ahí que defendamos, como siempre hemos hecho, la profesionalidad e independencia de nuestro Poder Judicial, sin cuyo respeto, una sociedad verdaderamente democrática se muestra, sencillamente, imposible.

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA APM