UNA DE ESPÍAS_Por Alejandro Gonz´ález Mariscal de Gante

UNA DE ESPÍAS

Todo Estado tiene espías, secretos oficiales. Dan juego y permiten mucha literatura, claro. Literatura que deja volar la imaginación y guioniza abundante cine. Sobre el Área 51, el asesinato de Kennedy, clubes que dirigen el nuevo orden mundial, el tercer, cuarto, quinto Reich, el que toque. James Bond, Ethan Hunt, Jason Bourne o el agente Smiley.

Pero no conviene sembrar teorías “conspiranoicas” porque, posiblemente, son más prosaicos. Los centros de inteligencia no se crean para ocultar a la sociedad actividades de dudosa legalidad o reputación.

Se crean para la seguridad y defensa, y el “malo” no está en una isla con forma de calavera, docenas de esbirros, un estanque de pirañas y un rayo láser para destruir el sol. El “malo” puede ser cualquiera y la “maldad” de lo más variada: atentados terroristas, redes de trata, desestabilizar un gobierno, un estado o la economía, etc.

En estos términos se comprende la necesidad de disponer de una institución que, bajo un cierto halo de misterio, desarrolle las actividades necesarias para prevenir los ataques a la seguridad y defensa del Estado. El misterio será necesario. Pregonar las actividades llevaría a frustrar los fines, además del temor natural que generaría saber cuanta gente resulta sospechosa de ser peligrosa para la seguridad y el riesgo para su prestigio que supondría publicitarlo si, al final, resulta no serlo.

Pero tras la premisa surge la duda ¿Quis custodiet ipsos custodes?

Alan Moore es el autor de comics como V de Vendetta, Watchmen, o La Liga de los Hombres Extraordinarios, entre otros. Todos excelentes, en The Watchmen se refiere reiteradamente a ese aforismo latino de Juvenal: ¿Quién vigilará a los vigilantes?

En él se nos plantea una ucronía en que héroes sin poderes pero con disfraces para ocultar su identidad y evitar eventuales venganzas y rencores, ayudan a la seguridad y defensa a lo largo de los años. Son vistos desde un inicio con adoración pues cooperan a la hegemonía de su país, la seguridad, etc. Pero la autoridad no suele ser bien vista por quien la sufre. La sociedad comienza a dudar de la legitimidad de esos héroes, del control al que se someten, hasta el punto en que el clamor popular lleva al gobierno a prohibir a los héroes enmascarados. Salvo a los útiles, claro.

La premisa sería que toda sociedad necesita de una estructura encaminada a la seguridad y defensa, los vigilantes. Estos gozan de amplios poderes porque el fin perseguido es elemental y consustancial a la sociedad: si esta no se protege frente a los ataques, desaparece y escaso interés tiene todo lo demás que haga o haya hecho. Desaparecen los problemas de la sociedad. Definitivamente.

Esa estructura gozará de la legitimidad que le otorgan sus fines. Al ser una legitimidad resultadista cualquier desviación resultará escandalosa pues, en definitiva, no puede admitirse el error en quien solo existe por el éxito en su objetivo.

Pero también requerirá de ser controlada.

Nos aproximamos entonces a la dicotomía seguridad-control: los amplios poderes permiten el mejor cumplimiento de sus fines, pero pueden llevar a excesos que resulten impunes sin el control adecuado, atendido el necesario secretismo que debe reinar en sus actividades.

Luego ¿quién los vigila? Esa misma pregunta se planteó en España.

En el año 1977 se creó el CESID, que incorporaría los servicios de inteligencia de la Presidencia del Gobierno, del Alto Estado Mayor y de los tres Ejércitos. El Consejo de Ministros de 1986 declararía “secreto” su estructura, organización, medios, procedimientos, fuentes, informaciones o datos.

Es decir, todo se consideraba secreto y surgieron distintos escándalos (“GAL”, “papeles del CESID”). Como ya decía, un servicio secreto que deja de ser secreto porque se conocen sus actividades, y descontrolado.

Se plantea entonces reformarlo y en el año 2002 se modifica su normativa que comenzaría por cambiar el nombre a CNI y someterlo al ordenamiento jurídico. Esto supone un gran cambio, pues se introduce la responsabilidad de la institución. Evidentemente, no podría prescindirse de la calificación de “secreto”, pues perdería su sentido, pero se sometería a control.

A partir de ahí, y en la actualidad, está sometido a diversos controles, de carácter político, jurídico e incluso económico.

En primer lugar, el del Ejecutivo. El Gobierno controla al CNI antes y después: fija sus objetivos y vigila que se cumplan. Vigila a los vigilantes. Pero, para evitar que el control se limite aquí, se extiende a otros poderes del Estado.

El poder Legislativo, cuyo control puede considerarse posterior porque la Comisión de Secretos Oficiales, que conoce de esos objetivos que fija el Gobierno, lo fiscaliza. Para favorecer el control, el secreto no afectaría a Congreso de los Disputados ni Senado, teniendo acceso a dicha información conforme se regulase y en sesiones, en su caso, secretas.

El poder Judicial también participa y tiene un control anterior, restringido. Un Magistrado del Tribunal Supremo resuelve pero no sobre toda actividad del CNI pues eso lo haría poco operativo. Resuelve sobre medidas concretas que le solicita el Director del CNI: entrada y registros, intervención de las comunicaciones, etc.

Por último, hablaríamos de un control económico completo que se inicia en los Presupuestos Generales del Estado, estableciendo partidas de gastos reservados, entre las que se encuentran las presupuestadas para el CNI. Como otras partidas presupuestarias, se audita posteriormente por el Tribunal de Cuentas.

De este modo podría decirse que el CNI se somete al ordenamiento jurídico, a control externo, y resulta responsable de sus acciones ante los poderes del Estado, a pesar de las confluencias, de la dificultad que supone conjugar todos los elementos en liza.

Se proponen, sin embargo, reformas a resultas de la actualidad de sobra conocida, encaminada a un mayor control. Se desconoce el concreto contenido de estas, pero se habla de que no resuelva un único magistrado las solicitudes sino 3, por ejemplo, o de incrementar el control democrático de la institución, en general.

Pero, quizás, lo que se critica no es el control sino la actividad que desempeña, sus criterios, que no se publicite en la sociedad de la transparencia y la información. Es indiferente, hoy y desde 2002 sabemos quien vigila a los vigilantes.

Alejandro González Mariscal de Gante

Titular Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 Palma de Mallorca