SEGUNDO COMUNICADO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA APM TRAS SU REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CGPJ . 5 DE MAYO DE 2010

La situación pugna con las promesas que se hicieron desde el Ministerio de Justicia en Septiembre de 2009 y que la Asociación Profesional de la Magistratura denunció como irreales, incomprensibles y en todo caso incapaces de cambiar un ápice el estado actual de las cosas.

1. En todo caso, la Asociación Profesional de la Magistratura pide al Presidente del Consejo General del Poder Judicial que el Consejo, con el Presidente a la cabeza, asuma un papel de mayor protagonismo en las reivindicaciones que los Jueces y Magistrados tienen frente a los poderes públicos con responsabilidades en la modernización de la Administración de Justicia , especialmente el propio CGPJ y el Ministerio de Justicia, asimismo que de cuenta de las gestiones que dicho Consejo ha hecho para alcanzar lo que en su día se aseguró que se iba a poner a disposición de la Justicia y de la Sociedad española, esto es:

ü     La inversión de 600 millones de euros, fundamentalmente orientados al desarrollo de una Red de Digitalización y a la implantación de la nueva oficina judicial.

ü     La creación de 600 unidades judiciales nuevas

ü     La creación de 750 plazas de juez y

ü     La instauración de los llamados jueces de adscripción territorial que iban a posibilitar que jueces profesionales asumieran las necesidades de sustitución y suplencia.

B.     Convencidos de la irrealidad de que las promesas ministeriales pudieran cambiar nada, la Asociación Profesional de la Magistratura secundó una jornada de protesta que fue comunicada al actual Consejo General del Poder Judicial.

La Asociación Profesional de la Magistratura exige hoy a su Presidente que dé cuenta de las gestiones hechas por dicho Consejo para alcanzar –por sí o por el impulso a otros poderes- lo que nosotros defendíamos que había de comportar un verdadero proceso de modernización de la Justicia y de los Tribunales, esto es:

1.                  La suscripción de un Pacto de Estado relativo al Poder Judicial y a la Administración de Justicia, que asegurara su modernización en varias legislaturas.

2.                  La aprobación de un Plan de Choque que mitigara la situación.

3.                  La definición del número de resoluciones que pueden ser adecuadamente resueltas por un Juez, equiparándolo a países de nuestro entorno.

4.                  La reelaboración de los Procedimientos Judiciales tendiendo a la concentración y evitando así la multiplicidad secuencial de decisiones en un mismo proceso que colapsan los juzgados de instancia y alzada; restringiéndose además el ejercicio de acciones a términos razonables para una sociedad acreedora de tutela judicial. En todo caso, debe ser rechazada la “administrativización” del proceso fundada en el argumento de la quiebra del sistema judicial y materializada en la creación de órganos con funciones jurisdiccionales desempeñadas por personas desprovistas de la condición y estatuto de juez.

5.                  La definición de una planta judicial que tenga en consideración estas cargas y que apueste por ratios de trabajo y tiempo de pendencia equivalentes a los países democráticos desarrollados.

6.                  Una Administración de Justicia con instrumentos modernos de agenda, documentación, comunicación y mecanización de resoluciones; descargando al juez de las funciones no jurídicas en las que no se vean afectados derechos subjetivos.

7.                  Un plan de adecuación de la planta de funcionarios actualmente existente, con una real y efectiva capacitación para su función y con delimitación de competencias propias y sujetas a una responsabilidad personal.

8.                  Un plan de adecuación arquitectónico visado por el CGPJ.

9.                  Un compromiso presupuestario que dote a la Administración de Justicia y al Poder Judicial de recursos propios y que se puedan mantenerse ajenos a decisiones políticas menores y coyunturales.

10.              Un modelo retributivo que, aunque pueda entrar en vigor cuando la circunstancias del país lo permitan, garantice la independencia económica del juez, contemple la responsabilidad de la función, englobe la totalidad de actividades determinantes de rendimientos económicos y regule los sistemas de actualización y su cuantía.

C.    Respetuosos siempre con la presunción de inocencia de los ciudadanos, la Asociación Profesional de la Magistratura exige sin embargo del Presidente del Consejo General del Poder Judicial una actuación decidida, reiterada y explícita en defender que el Poder Judicial del Estado actúa siempre con la independencia propia de los miembros que lo componen, con honesta y firme sujeción al imperio de una Ley promulgada democráticamente por la soberanía española y que sus decisiones son públicas, fundadas y fundamentadas para que la ciudadanía tenga la absoluta certeza de su adecuada y acertada actuación.

El Comité Ejecutivo