Reunión del Comité Ejecutivo. 12 de enero de 2017

Al inicio de un nuevo año, el Comité Ejecutivo ha celebrado la reunión mensual de cuyo contenido pasamos, como siempre, a daros cuenta. En algunas cuestiones, podrá percibirse la reiteración del análisis, pues los avances que se producen en esas parcelas son mucho menores de lo que todos quisiéramos. En otras, la novedad exige un posicionamiento, una línea de actuación que se somete a debate y va conformando, en todo aquello que pueda ser atendido desde este órgano, o cuya urgencia lo requiera,  el resumen de actividades.

Como avanzábamos en el boletín informativo anterior, para este trabajo continuo resulta necesaria la colaboración de todos/as cuantos/as formamos la APM. No dudéis por tanto, de hacernos llegar todas las sugerencias que entendáis –por la razón que sea- que deben ser objeto de interés. Este proyecto debe reunir la más amplia participación posible.

Asiste hoy a la reunión también el Magistrado-Juez Decano de Málaga, José María Paez.

INFORME DEL PRESIDENTE

Con carácter previo al comentario de los asuntos que forman parte del orden del día de la sesión, el Comité Ejecutivo, como sin duda el conjunto de la Asociación, deja constancia de su profundo pesar por el reciente fallecimiento de nuestro compañero Mariano Montero Martínez, titular de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Podrían decirse muchas cosas sobre él. Tal vez puedan resumirse definiéndolo como un excelente Magistrado y mejor persona aún. Su temprana muerte es una pérdida que nos deja tan importante vacío en el corazón como afecto.   

Con arreglo al orden del día, expone el Presidente de la Asociación su informe sobre los asuntos de mayor relevancia desde la celebración de la última reunión del Comité Ejecutivo, refiriéndose en primer lugar a los nombramientos efectuados en el último Pleno del Consejo General del Poder Judicial, con particular referencia a los problemas que presenta el de la Presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. A la luz de la regulación contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la coincidencia con su marido en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como miembros natos significa una prohibición que se ha puesto ya en conocimiento –por escrito- del propio Consejo, a la espera de que reconsideren el nombramiento efectuado.

Da cuenta también de las últimas iniciativas abordadas por el Ministerio de Justicia en materia de buenas prácticas referidas a las reclamaciones dinerarias contra entidades bancarias, y la repercusión que pueden tener en la carga de trabajo de los órganos del orden civil las recientes decisiones que afectan a cuestiones hipotecarias. Con el fin de anticiparse a esta más que probable incidencia, se ha solicitado ya al Ministerio el adelanto de la puesta en funcionamiento de los juzgados de 1ª Instancia correspondientes a este año 2017, además de otras medidas que puedan evitar un indeseable colapso.

En otro orden de cosas se aborda la difusión por la Comisión Disciplinaria de Notas de Prensa sobre algunos asuntos en particular, relativos a los expedientes que tramita, lo que motiva un breve debate que concluye con el compromiso de estudiar el margen de transparencia en el que deba moverse este ámbito.

Da cuenta también Manuel Almenar del contacto ya mantenido con el nuevo Gerente de la Mutualidad General Judicial, de reciente posesión, al que se le han trasladado algunas de las preocupaciones de la APM sobre las coberturas que recibe la carrera judicial. Se celebrará en breve una reunión para abordar estas cuestiones con mayor profundidad.

Expresa finalmente el Presidente de la Asociación su intención de remitir a todos los asociados/as una carta participándoles los principales proyectos en los que se trabajará en este año que comienza, recabando sus aportaciones y colaboración. Principalmente en materias como: la reforma del proceso penal, retribuciones, carrera y estatuto judicial.

INFORMES POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

El Vicepresidente de la Asociación, Francisco Monterde, informa al Comité sobre la comunicación recibida de la “Academia Jurídica Internacional China”, en la que se propone a la APM la suscripción de un convenio de colaboración en materia de formación judicial. Sin perjuicio de concretar en qué términos podría desarrollarse este ámbito de colaboración, se valora positivamente la iniciativa.

Se refiere también a las gestiones realizadas recientemente ante la Mutualidad General Judicial a propósito de algún caso concreto, y del compromiso para abordar con el nuevo gerente la necesidad de recuperar en la Mutualidad un ámbito de cobertura que realmente represente para la carrera judicial lo que dio sentido al mutualismo.

En el área de Acción asociativa, Álvaro Martín, Traslada al Comité la petición de algunos compañeros de algún tipo de pronunciamiento de la Asociación sobre la figura del Juez de Instrucción ante la anunciada puesta en marcha de los estudios que conducirán a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal especialmente en cuanto al modelo de proceso penal. Tras el oportuno intercambio de opiniones en cuanto a la materia expuesta, el Comité Ejecutivo acuerda por unanimidad, difundir a la carrera judicial el siguiente comunicado:

“Recientemente ha recobrado actualidad el debate –que no es nuevo- en torno al modelo de investigación penal. En particular por la atribución al Fiscal de la función instructora, reservando al Juez en la fase previa al enjuiciamiento, lo que se ha dado en llamar una función garantista.

Al paso de este debate, la Asociación Profesional de la Magistratura desea hacer unas breves consideraciones.

1.- En primer lugar, es preciso realizar importantes precisiones sobre el modelo que se quiere instaurar, pues no puede reducirse a su anuncio general al comportar una serie de reflexiones que afectan a muy diversos aspectos de imprescindible definición: independencia, planta, medios, posición estatutaria, transitoriedad, etc…

Sin acotar –dada la imposibilidad de abordar la cuestión en una breve nota- estas proyecciones básicas, la primera reflexión que surge puede definirse como escepticismo.

Ello, porque desde el momento en que en nuestro sistema procesal está garantizada la división de la función instructora y la función de juzgar, la figura del Juez de Instrucción no puede verse denostada en términos de garantía jurídica. No puede omitirse que la singularidad de nuestro sistema en el Derecho Comparado radica, precisamente, en esta división de funciones. De ahí que la APM haya defendido, y siga defendiendo, la bondad de la figura actual.

2.- En segundo término, estamos ante una materia sometida a la estricta iniciativa legislativa. De ahí que la APM ponga de manifiesto, como ha hecho en todas las restantes ocasiones, su plena disposición a colaborar con cuantas instituciones y poderes se muestren receptivos a nuestra experiencia y aportaciones.

Al propio tiempo, y desde una posición crítica responsable, velará por la instauración de aquellas garantías y medidas que realmente puedan representar una mejora eficaz en la tutela efectiva que todos los ciudadanos tienen garantizada en nuestro texto constitucional. 

En otro orden de cosas informa también que algunos compañeros de la Sección de Andalucía han trasladado su preocupación por la interpretación que se ha otorgado en criterio del Consejo General del Poder Judicial, a la denegación del permiso de paternidad al Juez en activo mientras la madre está en situación de desempleo. De llevarse a la práctica la aplicación de este criterio, se estudiará la conveniencia de impugnar el acuerdo de la Sala de Gobierno (o del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por considerarlo contrario a las previsiones legales.

Da cuenta también del grado de implantación de la oferta definitiva de la Póliza de Seguro de la Clínica Universitaria de Navarra así como del número de asociados que ya la han suscrito.

Con el fin de facilitar la programación y gestión de las reuniones tanto de la Comisión Permanente de la Asociación como de su Congreso ordinario a celebrar en este año 2017, se plantean –a la luz de las ofertas y propuestas de las que disponemos- las fechas y sedes idóneas, que habrán de ponerse en conocimiento de las Secciones Territoriales. Así, la propuesta de Comité Ejecutivo se concreta en que:

La Comisión Permanente tenga lugar en Córdoba, los días 18 y 19 de mayo.

El Congreso se celebre en Santander; en el Palacio de la Magdalena, los días 15 a 17 de Noviembre, de acuerdo con la propuesta remitida por la Sección Territorial de Cantabria.

En el área de relaciones internacionales, Francisco Silla da cuenta de la marcha de los trabajos de organización del Congreso Ibérico a celebrar con los Jueces portugueses el próximo 3 de marzo en Madrid. Se invitará a los Presidentes de las Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado para moderar dos mesas redondas.

José Ramón Solís, como tesorero informa del estado de cuentas de la Asociación. Asimismo se refiere al estado de los trabajos en materia de Prevención de riesgos y Salud laboral. Próximamente se celebrará una reunión en la sede del Consejo, en la que se tratará de repasar en qué grado se ha cumplido el Plan de Prevención de Riesgos laborales y se insistirá en solicitar al Consejo –nuevamente- el impulso de los trabajos sobre definición de cargas de trabajo.

Recuerda también la conveniencia de responder a la encuesta difundida por el Consejo General del Poder Judicial sobre los riesgos psicosociales en la carrera judicial, cuyo plazo vence el 31 de enero. Se reiterará a todos los asociados la invitación a cumplimentarla.

En el área de comunicación, María Jesús del Barco informa sobre los contenidos más debatidos desde la celebración de la última reunión en las redes sociales. Celso Rodríguez informa sobre el desarrollo del próximo número de la Revista Deliberación, anunciando sus contenidos y temas principales.

En el área de formación, Antonio Recio, retomando la cuestión avanzada en la última reunión del Comité Ejecutivo, propone que se adopte una posición en torno al cambio del modelo que pretende impulsar el Consejo a la hora de obtener la condición de especialista a través del sistema de créditos en formación continua. Se recuerda que en algunas materias ya se sigue en cierto modo este sistema (reconocimiento del mérito del conocimiento de las lenguas cooficiales en las CCAA o de su Derecho foral). Y a propósito de la cuestión se abre un turno de intervenciones tras el que se pone de manifiesto una opinión favorable en cuanto a la idea básica: que se pueda instaurar un sistema diferente al actual para la obtención de la especialización (las pruebas selectivas clásicas) basado en la formación y en la acumulación de créditos. Lo que hay que perfilar con mucho detalle son las cuestiones en las que se traduce el aludido sistema, ente las cuales la APM considera imprescindible asegurar: la garantía de calidad de los contenidos, la igualdad de oportunidades, la compatibilidad con la carga de trabajo de cada órgano judicial, con la conciliación, y las consecuencias de carrer. En todo caso, tiene que estar impartida esta formación por el Consejo General del Poder Judicial.

En el área de nuevas tecnologías, Manuel Luna informa al Comité Ejecutivo de los problemas recientemente padecidos en algunas Comunidades Autónomas por fallos del sistema informático. Particularmente en la Región de Murcia y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

José María Paez, Magistrado–Juez Decano de Málaga, informa sobre las reuniones de Jueces Decanos que mantienen periódicamente abordando propuestas de muy diversos contenidos. Destaca también la creación reciente de una red de Decanos que trata de recuperar la motivación en la carrera y de prestar apoyo a todos los compañeros/as en su problemática diaria. Hace entrega del documento de Conclusiones de las XXVI Jornadas nacionales de Juezas y Jueces Decanos (Málaga, 24 a 26 de octubre 2016) para su estudio por parte de la Asociación y formulación de sugerencias de cara a futuras reuniones.

Finalmente se incorpora a la reunión la Directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, abordando con los miembros del Comité Ejecutivo el comentario del estado actual de la formación continua y el modelo que se está gestando de cara a la especialización. Expone la necesidad de mejorar el sistema actual, que después de tanto tiempo en desarrollo, sin desconocer en absoluto sus logros, debe dar paso a modificaciones que incrementen su eficacia. En estos últimos años parece que se ha trabajado más en el diseño del modelo de formación inicial que en la revisión del que viene siguiéndose en formación continua. No es una reflexión novedosa, sino admitida hace tiempo en el seno de la carrera y asimismo del propio Consejo. La ubicación dentro de estas modificaciones de las líneas generales comentadas sobre la especialización es una clara posibilidad, pero todos somos conscientes de que la necesidad de precisar sus variados aspectos nos sitúa ante un resultado que no puede ser implantado a tan corto plazo.

En Madrid, a 12 de enero de 2017.

El Comité Ejecutivo