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NOTA INFORMATIVA QUE EMITE LA APM SOBRE EL TOTAL DE LAS REUNIONES MANTENIDAS CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA CON OCASION DE LAS REIVINDICACIONES JUDICIALES
Hoy ha tenido lugar la última de las reuniones previstas con el Ministerio de Justicia dentro del calendario de negociaciones abierto con las Asociaciones Judiciales.
Os adjuntamos un cuadro comparativo simplificado en donde se recogen las reclamaciones iniciales planteadas por la Asociación y el resultado a día de hoy de la negociación. La información es de urgente interés de cara a las Asambleas Generales convocadas por las distintas Secciones Territoriales, de las que se extraerá la opinión mayoritaria de la Asociación Profesional de la Magistratura, la cual será trasladada por los distintos Presidentes a la reunión de la Comisión Permanente, que tendrá lugar en Madrid el próximo viernes 12 de junio.
Recibid todos un cordial saludo y os agradecemos vuestra participación en este proceso de decisión.
RECLAMACIONES DE LA CIP
1.- Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia. En ningún caso la organización de la oficina judicial debe restringir la real y efectiva independencia judicial, conservando los jueces la facultad de señalar los juicios y vistas.
1. Se han conseguido avances significativos con respecto a las propuestas iniciales, si bien en modo alguno se ha satisfecho la reclamación de que corresponda al juez la fijación de la fecha concreta de señalamiento.
2. Tampoco se atribuye a los jueces cuestiones esencialmente jurisdiccionales, como son la acumulación de procedimientos o la admisión a trámite de demandas.
3. Se ha acordado desarrollar una perfecta delimitación competencial de jueces y secretarios.
2.- Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías: intercomunicación de las bases de datos judiciales, urgente solución de la interconexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades, que actualmente son incompatibles, establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, digitalización documental, información compartida entre los tribunales, registro informático común, gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, notificaciones, peticiones de auxilio judicial, etc.
1. El Ministerio ha expuesto su ambicioso plan de nuevas tecnologías, en el que –junto con la nueva oficina judicial- compromete 600.000.000 euros en tres años, sólo para el territorio dependiente del Ministerio. Se destaca:
a. El sistema LEXNET se implantará antes de terminar el año.
b. El último sistema MINERVA estará en funcionamiento en el mismo plazo.
c. A partir de enero de 2010 comenzará la implantación de MINERVA-NOJ.
d. Se comienza el estudio de nuevas aplicaciones informáticas para trabajar en portal INTERNET.
2. Se crea un consorcio con todas las CC.AA, CGPJ y Ministerio, para la interconexión de todos los sistemas.
3.- Formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Asegurar la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular. Exigencia de una formación esencial básica para todos aquellos que pretendan acceder a funciones relacionadas con la Administración de Justicia de carácter interino.
1. Nada se ha concretado.
2. Seguimos sin saber porqué no salen las oposiciones previstas.
4.- Que el CGPJ establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial, que en ningún caso debe ir unido al establecimiento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial.
1. No es exigencia al Ministerio y está en vías de debate con el CGPJ.
5.- Revisión en profundidad de la actual planta judicial. Partiendo del nuevo sistema diseñado por el CGPJ debe revisarse en profundidad la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos a fin de llevar a cabo una distribución realmente equitativa del trabajo y acomodar la planta judicial a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos.
El éxito de todo esto se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados.
1. Se ha acordado la creación de una comisión que prepare en 6 meses una nueva ley de planta.
Nada puede saberse de su eficacia hasta que estén terminados los trabajos y se sometan a revisión por otras instancias, incluido el criterio que pueda aportar la APM.
2. Se ha asumido el compromiso de convocar 220 plazas de juez anuales en la actual legislatura.
No se ha incrementado esta oferta inicial del actual Ministro.
Deberán adoptarse medidas en la Comisión de Selección para asegurar que las plazas ofertadas se cubran de manera real y efectiva; lo que hoy por hoy no está garantizado.
No se ha cambiado la actual norma que impide que aspirantes a jueces que aprueben la oposición y tenga plaza de juez disponible, tengan que acceder a la carrera fiscal.
Persiste la voluntad política de modificar el sistema de selección de jueces.
6.- Sustituciones: Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.
1. Jueces Volantes: se ha acordado la creación de la figura del «Juez de adscripción territorial» (Jueces Volantes), apreciándose la oportunidad de que tengan una implantación gradual en consideración a razones estructurales. Su ámbito será provincial a disposición del Tribunal Superior.
2. En cuanto a la retribución de sustituciones y refuerzos, se ha prometido estudiar un aumento, tratando de que la retribución opere desde el primer día de efectiva actuación jurisdiccional y con un importe de al menos el 60% de los emolumentos. No obstante, no hay compromiso de que vaya a ser efectivo, estando condicionado a la consideración del Ministerio de Hacienda.
7.- Medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar: inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso y supresión de determinados requisitos de preferencia y permanencia en los concursos para acceder a determinadas plazas; equiparación en derechos y beneficios sociales entre los Jueces y Magistrados y los restantes integrantes de la función pública; elaboración del plan de prevención de riesgos laborales y contingencias profesionales; y. mejora de las condiciones de jubilación.
1. El acuerdo en materia de eliminación del traslado forzoso existe, pero a costa de romper la distinción entre las categorías de Jueces y Magistrados.
Se ha rechazado la propuesta de la APM de eliminar el traslado forzoso sin acabar con las distinciones de categorías.
No se han aportado garantías a la reclamación de la APM para que los Jueces que en su día optaron por renunciar al ascenso y que están actualmente «congelados» no se vean pospuestos respecto a los Jueces que sean llamados ahora al ascenso.
2. Se equiparan las vacaciones a las del resto de la función pública.
3. Se ha acordado constituir un grupo de trabajo que analice las reformas legislativas para abordar cambios que faciliten la conciliación de vida familiar (concursos, medias jornadas etc), enfermedad y baja profesional o riesgos laborales.
Para concursos a Audiencias Provinciales tendrán preferencia los que hayan ejercido la jurisdicción específica durante 6 años en los 10 años inmediatamente anteriores, (8 en los 12 para plazas de la Audiencia Nacional).
Para Secciones mixtas de mercantil y civil, los especialistas de mercantil tendrían preferencia en una plaza de cada tres.
4. No se ha aprobado que sea el CGPJ quien reglamente la forma de disfrute de los permisos por asuntos propios, eliminándose la regulación restrictiva actualmente existente en el artículo 373.3 de la LOPJ.
Que en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, se proceda a su adecuación quinquenal; especialmente, en lo referente al pago de los servicios de guardia.
1. Se ha creado una mesa de negociación que estudie las bases para una nueva Ley de Retribuciones. Las asociaciones reclamamos que la ley sea de aplicación exclusiva a la Carrera Judicial.
2. Hay compromisos con el Ministerio de Justicia para analizar con el Ministerio de Hacienda el actual sistema de guardias.
3. Se acuerda igualmente iniciar el estudio sobre mejoras de jubilación.
RECLAMACIONES ESPECIFICAS DE LA APM
A.- Ampliar hasta el 2 % de los Presupuestos Generales del Estado la cantidad que en los mismos se dedica a Justicia.
1. Se ha prometido la creación de un «depósito» de litigación, que revertería en los recursos económicos de la Administración de Justicia.
2. No se ha convenido ningún porcentaje concreto de los Presupuestos para la Administración de Justicia.
B.- Dotar de forma inmediata todos los planes de refuerzo aprobados por el C.G.P.J.
No se ha abierto ningún debate al respecto.
C.- Distribuir las retribuciones variables pendientes del año 2008 de una forma lineal entre todos los miembros de la Carrera Judicial.
No se ha podido avanzar un acuerdo por la oposición del Foro Judicial Independiente.