Nota informativa de la reunión con el ministro de justicia

Ayer por la tarde, en la sede del Ministerio de Justicia, nos reunimos las asociaciones judiciales: APM: Manuel Almenar y Francisco Monterde; AJFV: Raimundo Prado e Ignacio De Torres; JpD: Ignacio González Vega; y FJI: Concepción Rodríguez y Ana Rufz; con el ministro, Rafael Catalá; la Secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés; el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado; el Director General de relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado, y el Asesor del Gabinete, Álvaro Rueda. El ministro expuso las líneas generales de la actuación del Ministerio. Se refirió a la creación hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados de la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia en la que se busca la participación de los diferentes colectivos profesionales. Otros temas que se incluyen en la agenda del Ministerio son la regulación de los indultos, las llamadas “puertas giratorias” y los aforamientos.

En relación con el orden del día, primeramente se trató el tema de la independencia judicial, y en concreto el CGPJ. Se puso de manifiesto por los representantes de las asociaciones los diversos informes del Consejo de Europa sobre las injerencias del ejecutivo en el poder judicial. Sobre el órgano de gobierno de la Judicatura, se planteó por las asociaciones la recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013; la sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; la dedicación exclusiva de los vocales; y el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los propios jueces/zas. El ministro mostró su acuerdo en suprimir el nombramiento de un magistrado de la Sala civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia por las respectivas asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Sobre los nombramientos de los altos cargos judiciales hubo unanimidad a la hora de señalar que habrían de realizarse a través de un proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género, definiendo previamente los perfiles de los puestos a cubrir. También se aludió a la limitación de mandatos. El ministro se refirió a la participación de expertos en recursos humanos, al igual que en las empresas privadas, en la selección de candidatos, propuesta que es rechazada por todas las asociaciones.

En cuanto a la organización y planta judicial, el ministro apuesta por la implantación de los tribunales de instancia, manteniendo la presencia del poder judicial en la mayoría de partidos judiciales. Y la formación y especialización se ha vinculado por parte de los asistentes con un nuevo modelo de carrera.

Sobre la creación de plazas, el ministerio ha cifrado en un total de 85 (incluyendo la segunda instancia penal, órganos colegiados y unipersonales –básicamente, civiles, mercantiles y de lo social-). Y en relación con las oposiciones, el equipo ministerial confía, a la espera de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en mantener el número de 100 jueces y fiscales, como en años anteriores, en la oferta pública de empleo.

El ministro apuesta por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la base de los anteproyectos de los ministros Caamaño y Gallardón. El fiscal asumirá la investigación, con un nuevo estatuto orgánico, junto al juez de garantías. Las asociaciones hemos mostrado gran preocupación por la dependencia y falta de autonomía del Ministerio Fiscal. Se ha comentado la necesidad de buscar soluciones transitorias, entre otras, con los jueces destinados actualmente en los juzgados de instrucción. El ministro también ha aludido a la necesidad de buscar límites a la acción popular.

En el apartado de derechos profesiones, es voluntad del ministerio equiparar los permisos y vacaciones al resto de los empleados públicos cuando sea posible (aprovechando la tramitación de una ley orgánica, como disposición adicional). Sobre las retribuciones, el ministro ha advertido que nos encontramos en unos ejercicios presupuestarios de contención del gasto por lo que no serán posibles las subidas salariales sin perjuicio de convocar la mesa de retribuciones tal y como establece la ley.

La asociación Francisco de Vitoria ha aportado un documento que recoge las numerosas deficiencias advertidas en la implantación digital en Extremadura, territorio ministerio.

Otros temas que se han abordado son la desjudicialización del registro civil, serán servidos por los letrados de la administración de justicia, manteniendo su carácter público y gratuito. El ministro se compromete a buscar soluciones ad hoc para los actuales titulares de los registros civiles exclusivos.

En la justicia civil, el ministro ha apuntado problemas graves en la fase de ejecución y al sistema de notificaciones electrónicas. Se nos ha indicado que la Comisión General de Codificación ha elaborado un nuevo “libro IV de obligaciones y contratos”. Hay un compromiso de aprobar un nuevo Código de Comercio y en relación con la materia de consumo se prevé por el ministerio una avalancha de demandas en los juzgados de primera instancia. A tal efecto, el ministerio está en contacto con el CGJP para arbitrar soluciones como la creación de órganos ad hoc especializados en este tipo de asuntos.

La reunión se ha desarrollado en un tono cordial no exento de discusiones en lo relativo al tema de la independencia judicial y en materia de derechos profesionales, especialmente. Los siguientes pasos ya se desarrollarán en la subcomisión parlamentaria donde, según nos asegura el ministro, se irán perfilando los futuros proyectos legislativos. Habrá que esperar pues a valorar si las buenas intenciones del ministro se plasman o no en hechos.

En Madrid, a 2 de febrero de 2017

Asociación Profesional de la Magistratura

Asociación Judicial Francisco de Vitoria

Jueces para la Democracia

Foro Judicial Independiente