DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS

La Asociación Profesional de la Magistratura ostenta el privilegio de pertenecer a la Unión Internacional de Magistrados – UIM o IAJ por sus siglas en inglés – fundada en Salzburgo en 1953 y con sede en Roma.

Una Asociación Internacional profesional, apolítica, comprometida con la unificación de las asociaciones judiciales (actualmente 92 asociaciones o grupos representativos de jueces de los cinco continentes) y que goza de un estatus consultivo en la ONU así como en el Consejo de Europa.

El valor de dicha Asociación se revela acudiendo a su objeto, enfocado en salvaguardar la independencia del poder judicial, el elemento nuclear de garantía los derechos humanos. Sin dotar de fuerza e independencia a la  Justicia no es posible  garantizar el cumplimiento de la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, como con acierto definieron los latinos.

Y esto es universal. En varias ocasiones creo haber hablado de esto, pero la actualidad me devuelve a las bases del sistema.

No fueron los ingleses, ni los franceses, a pesar de su innegable trascendencia, los que “inventaron” el parlamentarismo. Lo entrecomillo porque lo interpreto como un reflejo institucionalizado de un impulso natural: debatir para lograr un resultado que satisfaga a las partes.

1188. León. Unas Cortes constituidas  para someter al monarca a la decisión, colegiada, de clero, nobles y representantes de las ciudades. Del parlamento emana la Ley y de la Ley, la democracia. Con matices, claro. Uno de los elementos nucleares de todo Estado democrático es el principio de legalidad: la Ley se asienta en el centro del Estado, de modo que todo se encuentra sometido a ella y son los jueces los que, apoyados en su independencia y sometidos únicamente al imperio de la Ley, la aplican a todos. A este movimiento se incorporan las doctrinas de Locke, Montesquieu o Rousseau, una Revolución Francesa cuyo ideario esencial era la supresión de privilegios y, en fin, la igualdad de todos, protegida por el Juez independiente. Comienza la democracia.

Para ello,  resultaba imprescindible articular un sistema que permitiese elaborar esa norma objetiva pero que, al mismo tiempo, fuese mínimamente eficiente. El Parlamento, creado por virtud de unas elecciones en las que todos los ciudadanos intervienen, se conforma por representantes de estos ciudadanos y debate (formando su voluntad) para, al final, dictar una Ley, norma general que se aplica a todos.

Asumiendo que el poder puede incitar a la corrupción – aún se recordaban los aciagos años de absolutismo –, es preciso , en un contexto democrático, establecer un mecanismo que lo limite. Al poder legislativo se le imponen trámites, debates, votaciones, que limitan su producción legislativa. Y todo ello sin perjuicio de introducirse en los estados modernos unas normas supremas (constituciones), indisponibles para estos parlamentos,  y que deben de respetar. Con ello se diseña un órgano que posee el poder de dictar las Leyes pero no de forma absoluta, con límites que evitan que se corrompa.

Una vez se dictan esas Leyes, se integran en el ordenamiento jurídico y su vinculación se extiende al conjunto de la sociedad. Y la garantía de su cumplimiento se confía los tribunales. Se crea, de esta forma,  un sistema de contrapesos derivado de la separación de poderes.

Aquí es donde, con independencia del origen, las Asociaciones actuamos conjuntamente: analizando los problemas judiciales que se nos presentan y trabajando en colaboración para alcanzar las mejores soluciones.

Para el cumplimiento de sus propósitos,  la UIM – IAJ organiza encuentros de comisiones de estudio, establece relaciones culturales y fomenta la relación entre jueces de todo el mundo con el fin de promover el intercambio de opiniones y posturas. Para ello se organiza en 4 grupos regionales como son la Asociación Europea de Jueces, el Grupo Iberoamericano, el Grupo Africano y el Grupo Asiático, Norte Americano y Oceánico.

Será en estos encuentros donde se discutirán los desafíos vigentes. De hecho, hemos podido comprobar cómo, el 29 de abril de este año, en Varsovia, la Asociación Europea de Jueces instaba a los partidos políticos en España a intensificar los esfuerzos y resolver definitivamente el impasse parlamentario existente. De tal forma que se asegure la restauración de un Consejo General del Poder Judicial con plenas funciones que sea elegido por los propios jueces. En el mismo sentido se reclama abstenerse de continuar con propuestas dirigidas a establecer indefendibles comisiones de investigación ante el Parlamento, así como la supresión de las campañas contra los jueces con acusaciones infundadas de “lawfare”.

Idéntico pronunciamiento de apoyo se ha obtenido en el Grupo Iberoamericano, que se reunía en estos días y que, desde luego, se reiterará en la reunión de la UIM a final de este año.

Evidentemente, las anteriores reflexiones respecto de la división de poderes y el imperio de la ley están dirigidas a alertar sobre los riesgos de la vulneración de principios elementales. Estos principios irrenunciables son los que contribuyen a constituir un parámetro común para la validez de las conductas y, en fin, por su condición básica y universal, adquieren una especial relevancia, que exige, en consecuencia,  una especial protección. El hecho de que  al conjunto de las asociaciones, independientemente de nuestro origen, nos cause preocupación una misma conducta, reafirma su carácter nocivo para la democracia.

Muchos pronunciamientos pueden servir para comprender la gran importancia de la UIM, pero, quizás, sirvan de muestra los aportados para comprender su trascendencia y, en definitiva, el orgullo que nos supone pertenecer a ella.

Alejandro González Mariscal de Gante

Magistrado- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 Palma de Mallorca