Comunicado en relación al informe del Defensor del Pueblo

COMUNICADO EN TORNO AL

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

La institución del Defensor del Pueblo ha hecho público un informe en el que se detallan, entre otros datos, las quejas relativas al funcionamiento de la justicia. Una vez más se destaca el problema de la lentitud como principal motivo de descontento ciudadano, y pese a los matices que podrían ofrecerse en muchos casos, no va a ser la APM quien desmienta que la respuesta judicial a los conflictos que corresponde resolver a Jueces y Tribunales excede cronológicamente de lo razonable como regla general.           

Pero lo que echamos de menos en el análisis de la mencionada institución es una denuncia fundada sobre las causas que provocan los endémicos retrasos y otras disfunciones que los Jueces somos los primeros en criticar con dureza.           

Por citar tan solo algunas:

           
la reducida dimensión de la planta judicial,       
una sobrecarga de trabajo que alcanza límites insoportables,    
la carencia de medios materiales tantas veces denunciada,        
una falta de actualización de la estructura de carrera,    
el desinterés de los grupos políticos por la Justicia como cuestión común de Estado,     
la falta de inversión económica programada y estable,  
la frecuencia con que se ha rediseñado el gobierno del Poder Judicial,  
la postergación eterna de las reformas procesales,       
el retraso tecnológico,  
la falta de coordinación institucional.     

El listado podría extenderse mucho más. Tanto como el tiempo que se convierte en dilación indebida, por utilizar los términos del artículo 24 de la Constitución. Y sin embargo, continuamos asistiendo año tras año a una sucesión de críticas, que no son acompañadas de iniciativas reales -en términos de eficacia- dirigidas seriamente a mejorar la situación. 

Ello no nos llevará jamás al desaliento. Todo lo contrario; nos reafirma en la constante y firme petición de que a la par que la crítica, se promuevan soluciones.          

Sin demora.

Madrid, 26 de febrero de 2016.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura.