COMUNICADO DE LA APM EN RELACIÓN A LA RETIRADA DE LA CIP DE LAS ASOCIACIONES FV Y FJI

La Asociación Profesional de la Magistratura lamenta sentida y profundamente la declaración de huelga por parte de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y su decisión de retirarse de la Comisión Inter-Asociativa que actualmente mantiene las negociaciones de reforma y mejora con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
El anuncio se desdice del compromiso que voluntariamente redactaron, firmaron y divulgaron en todos los medios de comunicación hace escasos días; y su decisión no sólo desprecia a todos los Jueces y Magistrados que se posicionaron en recientes votaciones en atención a un «status quo» que estas mismas asociaciones impulsaron, sino que:

1. Repudia la unidad judicial, pese a que esta unidad refleja que nuestras reclamaciones son innegables y responsables y a pesar de que sólo la unidad permite pronosticar que alcanzaremos las reformas y mejoras exigidas.

2. Defrauda la aspiración de cuantos españoles creyeron en el mensaje que voluntariamente les dirigimos; esto es, que una consideración responsable de los derechos y garantías en juego, había impulsado a los Jueces y Magistrados españoles a agotar el esfuerzo negociador durante seis meses, antes de que los controles judiciales de un Estado y las garantías jurisdiccionales de los derechos de sus ciudadanos fueran llevadas a mínimos.

Toda negociación obliga a quien la impulsa a exteriorizar los extremos inadmisibles de una oferta inicial y en qué se desvía la propuesta de la que era su reclamación o de las aspiraciones que podrían llegar a asumirse si se considera adecuada una cierta modificación. Es precisamente la incorporación de esta réplica la que permite vislumbrar la eficacia del proceso de diálogo. Un cambio de posición sin esta dinámica, deslegitima a un colectivo al que la ciudadanía atribuye y exige –precisamente por su preparación y función- una especial capacidad profesional y una particular serenidad de ánimo en la gestión de los problemas y conflictos que afronta; lo que puede arrastrar a una pérdida gratuita de la legitimidad que ante la opinión pública habían ganado las reclamaciones judiciales en las últimas semanas. Es una pérdida colectiva, que en modo alguno se justifica por las aspiraciones de influencia institucional que puedan tenerse o por las lógicas y legítimas pretensiones de incremento del grado de representación profesional.

La Asociación Profesional de la Magistratura mantendrá -en todo caso y con la intensidad que sea preciso alcanzar- el esfuerzo por lograr las reformas estructurales que precisa el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en general y del Poder Judicial en particular; si bien agotando antes el camino de la reflexión serena, concreta, posibilista y pausada, que exigen las instituciones que se ven afectadas y –fundamentalmente- unos derechos y garantías individuales que se verán fuertemente sacudidos por las actuaciones de presión que se anuncian para el caso de que se arruine un resultado final de mejora perseguido desde hace decenios.