COMUNICADO DE LA APM DE APOYO A LAS JUNTAS

En Madrid, a 16 de octubre de 2008

     El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en reunión celebrada el día de la fecha con carácter extraordinario y urgente, ha decidido, por unanimidad, emitir el siguiente comunicado:

     Nadie, en mayor medida que la APM, ha defendido la dignidad y esfuerzo extraordinario de los Jueces y Magistrados españoles en el ejercicio de su función, no obstante la precariedad con que se desarrolla, y denunciado lo intolerable de las injerencias e intromisiones que en los ámbitos jurisdiccional y de gobierno del Poder Judicial se han venido produciendo a lo largo de los últimos meses hasta alcanzar cotas de intensidad extraordinarias y hasta ahora desconocidas.

     Nuestra posición al respecto, y a las pruebas, que las hay sobradas, nos remitimos, ha sido, en el seno del colectivo judicial, no sólo la más rotunda y reiterada, sino también la más difundida en los medios y, por ello, la más expuesta a las críticas de la opinión en general, en la que no han faltado las voces de quienes nos han acusado de considerarnos irresponsables, de defender posturas corporativistas y de olvidarnos del interés de los ciudadanos. Lo que hemos sobrellevado con respeto y tolerancia, pero sin retroceder un milímetro en la defensa de nuestros principios o sucumbir a la tentación de acomodar o rebajar, por razones tácticas o estratégicas, el contenido de nuestro discurso.

     Nos hemos hartado de repetir, y lo hemos manifestado en numerosísimas instancias, tanto públicas como privadas, poniendo nuestra opinión al alcance de cuantos han querido escucharnos, que la mayor parte de los órganos judiciales del país presenta un estado cuyas características más predicables y definitorias serían: la saturación, las disfuncionalidades, la descoordinación –cuando no desorganización-, las carencias de todo tipo y la vetustez y obsolescencia en los medios. Así como, que esta falta de modernidad y puesta al día de la organización judicial, que tan negativamente repercute en la prestación del servicio público de la Justicia y que tanto desalienta y desanima a los Jueces, obligados a desarrollar constantes sobreesfuerzos sin estímulo ni reconocimiento alguno, sólo puede intentar superarse a partir de un compromiso político serio, decidido y sincero que, más allá de las buenas palabras y la retórica interesada, a la que tan acostumbrados nos tienen los políticos, sea capaz de traducirse en un sólido y duradero consenso y obtener reflejo suficiente y adecuado en el presupuesto.

     Y refiriéndonos al expediente disciplinario incoado a D. Rafael Tirado, amén la elaboración de un exhaustivo y argumentado informe de defensa obrante en el expediente disciplinario, hemos manifestado, desde el primer instante y sin variación que la oficina judicial está basada, entre otros, en el principio de división de funciones, lo que significa reparto claro de cometidos, distribución concreta y específica de tareas y responsabilidad individual derivable por acción u omisión en el ejercicio de lo que a cada cual corresponde. Que los Jueces no constituyen en los órganos judiciales seres omnipotentes y omnipresentes, por lo que su función no anula ni por supuesto les atribuye el deber de control o vigilancia de las que corresponden al personal, dado que actualmente carecen de competencias de organización, gestión, inspección y jefatura, habiéndoseles sustraído la facultad de superior dirección que con anterioridad ostentaban, no correspondiéndoles estar al tanto y pendientes de todo y por todo, sumando a lo propio lo que resulta ajeno. Que actuar impulsivamente o con una razón disminuida o anulada por la emoción cuando se trata de definir lo disciplinariamente relevante o de determinar el contenido y alcance de las sanciones susceptibles de llegar a imponerse resulta, incluso en las situaciones más trágicas y que generan más conmoción o indignación, absolutamente improcedente. Y que las manifestaciones efectuadas por el Presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición sugiriendo la conveniencia de incrementar la sanción impuesta al Sr. Tirado, y muy especialmente las de la Vicepresidenta del Gobierno manifestando expresamente su esperanza de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con ocasión de la resolución del recurso de alzada, impusiera a aquél una sanción de suspensión de 3 años, suponían una grosera e intolerable injerencia en el ámbito de actuación del órgano de gobierno de un poder separado; eran demostrativas de una irresponsabilidad insuperable, y debían provocar la inmediata reacción del CGPJ en defensa vigorosa, indubitada y difundida públicamente de los principios de independencia judicial y separación de poderes.

     Es este contexto, en cuanto a la estructura y organización judiciales innegablemente deficitario y, por ello, clamorosamente necesitado de acciones políticas de mejora y modernización impulsadas sobre la base de una inversión sostenida y suficiente; y en cuanto a las relaciones institucionales salpicado de incidentes descorteses y declaraciones irrespetuosas que han ido in crescendo; es este contexto decíamos, el que explica todas nuestras acciones y el que subyace al malestar y enfado generalizado que ha venido arraigando en el colectivo judicial y que ha terminado por provocar, al llegarse a cotas ya insoportables, y a impulso de los acuerdos adoptados en la última reunión de Jueces Decanos celebrada en la ciudad de Cádiz, la convocatoria masiva de Juntas de Jueces previstas en su celebración para el próximo martes día 21.

     Por ello precisamente, y en plena coherencia con todo cuanto habíamos venido haciendo hasta entonces, decidimos días atrás, instar la convocatoria urgente de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP); solicitar, con la misma urgencia, audiencia al Presidente del CGPJ; mostrar nuestro más firme apoyo a la decisión adoptada por los Jueces Decanos y adherirnos sin matices y suscribir de forma plena todos y cada uno de sus acuerdos.

     Y por lo mismo consideramos ahora que, sin perjuicio de proseguir con todas y cada una de nuestras iniciativas y sin renunciar a ninguna de las que podamos como Asociación adoptar en el futuro, debemos animar a todos los Jueces, estén asociados o no, a que concurran a las Juntas que han sido convocadas. Y también, a que participen de forma protagonista y activa en cuantas finalmente se celebren contribuyendo, a través de un profundo y ponderado análisis de la situación y en el marco de un proceso deliberativo respetuoso, sereno y desarrollado desde la racionalidad, a la adopción, con prudencia y responsabilidad, de cuantos acuerdos procedan. En la seguridad de que contarán con el más firme apoyo de la APM de cara a conseguir la mejora del servicio público prestacional de la Justicia, así como la dignificación del ejercicio de la función jurisdiccional, y el fortalecimiento y profundización en el principios de independencia, separación de poderes y lealtad y respeto institucional.

     Ese es el camino que a nuestro juicio debemos recorrer entre todos. Y como siempre ha defendido y defenderá la APM, dando ejemplo de sensatez y sentido común; evidenciando nuestro compromiso con la sociedad a la que servimos; demostrando altura ética y profesional, y manifestando sentido institucional y del Estado. 

Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura