Comunicado Asociación Profesional de la Magistratura _ 5 de febrero de 2013

COMUNICADO APM – 5 febrero 2013

Tras la reunión de la CIC celebrada en la tarde de hoy y ante la convocatoria de huelga realizada por algunas asociaciones de jueces y fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura  –mayoritaria en la Carrera Judicial- manifiesta:

1. Lamentamos que desde la Comisión Interasociativa se impulsen medidas de actuación que carecen hoy del apoyo de todos, aunque respetamos su decisión.

1. Nuestro país atraviesa momentos extraordinariamente difíciles, con una crisis que se proyecta en tremendas dificultades sociales y un descrédito institucional larvado y emergente. A nivel político y ciudadano se cuestiona el modo de funcionamiento común y existe una reclamación colectiva de incorporar referencias que permitan operar con rigor en la vida pública. En esta coyuntura el Poder Legislativo es un instrumento ineludible para incorporar los cambios de actuación precisos y el Poder Judicial se percibe como último referente que tienen los ciudadanos para confiar en el imperio de la Ley.

En un contexto así, creemos que el comportamiento que se espera de nosotros -superando en la medida de lo posible nuestras múltiples carencias- es que gestionemos con responsabilidad el interés público que se nos ha confiado y que lo hagamos con absoluta independencia y rabiosamente comprometidos con el Estado de Derecho.

            Desde esta convicción, discrepamos rotundamente con las modificaciones recogidas en el Anteproyecto de Reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Más allá del análisis puntual de cada una de las propuestas, el anteproyecto en su conjunto merma la función de gobierno que la Constitución Española (art. 122.2) atribuye al Consejo General del Poder Judicial y debilita considerablemente los instrumentos con los que el Consejo cuenta para garantizar que los Jueces puedan realizar su función de manera independiente.

El criterio de buen gobierno -que sin duda inspira a los integrantes de todos y cada uno de los Poderes del Estado- nos impone a los Jueces abordar un análisis detallado del articulado del proyecto y que no eludamos confrontar nuestro parecer con el gobierno que lo impulsa o con cada uno de los grupos parlamentarios que tomarán finalmente la decisión. Por esta razón, hemos hecho llegar al Ministerio de Justicia -y trasladamos a la sociedad en general- un informe en el que reflejamos nuestra forma de entender el Poder Judicial, por más que algunos planteamientos sean sustancialmente diferentes de la concepción del Consejo que defienden otras Asociaciones.

A lo que aspiramos hoy es a convencer: 1) Al Gobierno; 2) A todos los grupos parlamentarios sin excepción y 3) A los ciudadanos a los que éstos representan, de lo certeras que pueden ser nuestras propuestas para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y para que el desempeño de la función judicial pueda realizarse tal y como se espera de ella.

Madrid, 5 de febrero de 2013.