NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LA REUNIÓN MANTENIDA EL LUNES 26 DE ENERO DE 2009 ENTRE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Sin perjuicio de que el resultado de la reunión de ayer no fuera enteramente satisfactorio, es lo cierto que se ha abierto un periodo negociador y que el Ministerio de Justicia, por primera vez, tiene un programa claro de actuación que se basa precisamente en el conjunto de reivindicaciones que las Asociaciones Judiciales presentaron el día 12 de enero.

El camino que queda por recorrer es largo y complejo (negociaciones para concretar los términos de la supresión del traslado forzoso, del mantenimiento de la agenda de señalamientos en manos del Juez, de la conciliación de la vida familiar y laboral, de retribuciones, de planta y demarcación, etc…). No obstante, los principios y criterios presentados por las Asociaciones han sido, en líneas generales, objeto de aceptación.

La necesidad de perfilar y concretar, aún más, determinadas cuestiones, así como la necesidad de profundizar en otras o, simplemente, de apuntalarlas más firmemente, aconsejan, no obstante, mantener en vigor a todos los efectos el programa de acción trazado por las Asociaciones que constituye la máxima expresión de su unidad de actuación y nivel de exigencia y rigor negociador. Lo que no excluye el replanteamiento de algunas de sus medidas, su posibilidad de anticipación o incluso la ampliación y contemplación de otras distintas en función de los resultados que se vayan produciendo a lo largo del proceso de negociación, según ya se expresaba en el documento de las cuatro Asociaciones Judiciales de fecha 19 de enero.

Por lo demás informar que la reunión se desarrolló en un clima de cordialidad y respeto mutuos, y tuvo un extensión de 8 horas que se interrumpieron para un almuerzo.

Reseñar que el Ministerio reconoció la exclusiva legitimidad de las Asociaciones Judiciales para negociar las condiciones reclamadas por los Jueces y Magistrados.

1º.- Con respecto al punto primero de las reclamaciones de la CIP:

1.- Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia. En ningún caso la organización de la oficina judicial debe restringir la real y efectiva independencia judicial, conservando los jueces la facultad de señalar los juicios y vistas.

La oferta ministerial se basa en desplegar la nueva oficina judicial a partir de enero de 2010. Esperan tener aprobada la Ley Procesal que facilite su despliegue en julio de este año con una vacatio legis de 6 meses que les permitiría el 1 de enero tenerla en marcha.

Existe partida presupuestaria para ese despliegue e incluso tienen previsto el desarrollo reglamentario.

En el tema del señalamiento por los Jueces, la responsabilidad está en el Parlamento, pero no se trata de una cuestión cerrada, estando el Ministerio dispuesto a oír nuestras razones, a estudiarlas y, de ser convencido, a asumirlas como Gobierno.

2º.- En relación al punto segundo de las reivindicaciones de la CIP:

2.- Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías: intercomunicación de las bases de datos judiciales, urgente solución de la interconexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades, que actualmente son incompatibles, establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, digitalización documental, información compartida entre los tribunales, registro informático común, gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, notificaciones, peticiones de auxilio judicial, etc.

Por el Ministerio se reconoce el deficiente estado de la Administración de Justicia en materias de nuevas tecnologías.

Se propone aportar a un fondo extraordinario en este mismo año, 20 millones de euros, que suponen un 30% más del presupuesto y la creación de un consorcio entre Estado y Comunidades Autónomas que gestione la implantación de las nuevas tecnologías con criterios uniformes . El consorcio se crearía en el primer trimestre de este año y entraría en funcionamiento en el segundo semestre con una inyección económica de 5,2 millones de euros.

Desde el Ministerio se oferta un compromiso de implantación del Lex Net como medio estructural a lo largo del Estado en todo el territorio nacional

También acepta la creación de una Comisión de Seguimiento con participación de las Asociaciones Judiciales.

3º.- En relación al punto tercero de las reivindicaciones de la CIP:

3.- Formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Asegurar la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular. Exigencia de una formación esencial básica para todos aquellos que pretendan acceder a funciones relacionadas con la Administración de Justicia de carácter interino.

El Ministerio oferta la creación de 5439 plazas de funcionarios de la Administración de Justicia para este año 2009.

Además se compromete a llevar al Parlamento este mismo año, antes del mes de junio, una reforma de la LOPJ descentralizando lo relativo a la selección y la formación.

Oferta también coordinar con las Comunidades Autónomas, en el marco de la conferencia sectorial, la formación del personal interino y los procedimientos de nombramiento.

4º.- En relación al punto cuarto planteado por la CIP:

4.- Que el CGPJ establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial, que en ningún caso debe ir unido al establecimiento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial.

Corresponde al CGPJ, si bien el Ministerio de Justicia se compromete a la creación de una nueva herramienta estadística en el plazo de 6 meses con criterios homogéneos y que permita obtener datos reales.

5º.- Con relación al punto quinto planteado en el documento de la CIP:

5.- Revisión en profundidad de la actual planta judicial. Partiendo del nuevo sistema diseñado por el CGPJ debe revisarse en profundidad la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos a fin de llevar a cabo una distribución realmente equitativa del trabajo y acomodar la planta judicial a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos.

El éxito de todo esto se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados.

El Ministerio se compromete a mandar este mismo año al Consejo de Ministros una nueva Ley de Planta después de oír a las Comunidades Autónomas como prevé la LOPJ, adecuando a la misma las cargas de trabajo existentes.

Propone crear 150 plazas de Jueces anualmente y 100 más de Fiscales durante la legislatura.

6º.- En relación al punto sexto de las reivindicaciones planteadas por la CIP:

6.- Sustituciones: Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

Se ofrece un compromiso de enviar al Consejo de Ministros este mismo año una reforma de la LOPJ que regule la existencia de jueces volantes, si bien con una exposición transitoria condicionada a la cobertura de la plantilla.

Se compromete a revisar la Instrucción 1/2006 sobre Sustituciones, elevando la retribución entre un 60 y un 80% de las retribuciones básicas y complementarias del titular.

7º.- Con relación al punto septimo de las reivindicaciones planteadas por la CIP:

7.- Medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar: inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso y supresión de determinados requisitos de preferencia y permanencia en los concursos para acceder a determinadas plazas; equiparación en derechos y beneficios sociales entre los Jueces y Magistrados y los restantes integrantes de la función pública; elaboración del plan de prevención de riesgos laborales y contingencias profesionales; y. mejora de las condiciones de jubilación.

Se compromete el Ministerio a enviar al Consejo de Ministros, antes del mes de julio, un proyecto de Ley, después de una negociación con las Asociaciones Judiciales, en relación con la supresión del traslado forzoso por ascenso y la modificación de los requisitos de preferencia y permanencia en el orden jurisdiccional en los concursos para provisión de plazas, así como el régimen de licencias y permisos.

Se asume un compromiso de negociar con el Ministerio de Hacienda el régimen de pago de productos farmacéuticos y otros beneficios sociales para Jueces y Magistrados.

Se plantea estudiar elevar a 72 años la edad voluntaria de jubilación.

8º.- Por último, en relación al punto octavo de las reivindicaciones planteadas por la CIP:

8.- Que en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, se proceda a su adecuación quinquenal; especialmente, en lo referente al pago de los servicios de guardia.

En materia retributiva y ante los problemas económicos actuales, el Ministerio se compromete a negociar durante este año con las Asociaciones Judiciales, un nuevo modelo retributivo no productivista y que pueda ser implementado presupuestariamente para ser efectivo en el año 2010.

Este documento en que se contiene la oferta del Ministerio se supedita, en cuanto al contenido de la mayoría de sus puntos, a una futura negociación con las Asociaciones Judiciales en donde se perfilen los distintos aspectos de la oferta.

En Madrid a 27 de enero de 2009

Asociación Profesional de la Magistratura