MANIFIESTO JORNADA DE HUELGA 8 DE OCTUBRE

Los jueces y magistrados que en el día de hoy hemos ejercitado el derecho de huelga, queremos a través de este acto de protesta, hacer pública nuestra decepción por el escaso resultado obtenido tras las negociaciones mantenidas entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia. Cuyo objetivo siempre ha sido el conseguir la modernización de la Justicia española y su adaptación a las necesidades de una sociedad del siglo XXI, así como mejorar y dignificar nuestras actuales condiciones de trabajo de forma que sea posible prestar un mejor servicio a los ciudadanos, más rápido y eficaz, para lo cual es necesario, ante todo, equiparar la planta judicial española de 10 Jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 20 jueces de la media europea.

La lentitud en la creación de juzgados al ritmo anual que se pretende es insuficiente. Porque los jueces, con una carga de trabajo que supera los 9 millones de asuntos anuales, no están en condiciones con medios del siglo XIX de otorgar la tutela judicial de calidad y en tiempo razonable, que los ciudadanos piden en el siglo XXI confiados en la promesa constitucional, y si la situación no desemboca en colapso se debe al sobreesfuerzo de jueces y funcionarios judiciales, a los que ya no se les puede pedir mayor dedicación.

Todo ello pasa ineludiblemente por el compromiso de incrementar la atención presupuestaria en Justicia como nunca antes se ha hecho. Frente a ello, no hay compromisos presupuestarios a medio o largo plazo más allá de inversiones puntuales, y sobre todo, el porcentaje que los Presupuestos Generales del Estado destinan a Justicia sigue siendo exactamente el mismo que el de ejercicios anteriores, esto es el 0,50 %, mientras que el porcentaje destinado a Justicia en la media europea es 3´4 %. Paralelamente no existe previsión de incremento presupuestario en materia de medios materiales en el ámbito de las CCAA con competencias transferidas en materia de Justicia, que guardan absoluto silencio sobre esta cuestión.

Queremos subrayar que el Poder Judicial por sí solo poco puede hacer para paliar la situación descrita pues carece de autonomía presupuestaria, lo que significa que, en cuanto a medios materiales y personales, depende de los restantes Poderes del Estado y precisa de su colaboración en lo económico. Por ello, exigimos al Ministerio de Justicia y a las CCAA con competencias transferidas en materia de Justicia algo tan sencillo como que cumplan con su obligación de dotar a los órganos judiciales de los recursos precisos para el digno y eficaz desempeño de la función jurisdiccional, que redundará en beneficio del servicio público que estamos llamados a prestar.