Informe sobre el estado de la Justicia y el último programa para su modernización

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA JUSTICIA Y EL ULTIMO PROGRAMA PARA SU MODERNIZACION

Queridos compañeros:

El largo proceso de reivindicaciones y negociaciones con el Ministerio de Justicia, del que os hemos dado puntual cuenta en estos meses, se ha saldado con el anuncio de un Plan Estratégico de Modernización que entendemos claramente inadmisible.

El plan –definido para los próximos tres años- prevé, en esencia:

1. La inversión de 600 millones de euros, fundamentalmente orientados al desarrollo de una Red de Digitalización y a la implantación de la nueva oficina judicial.

2. Asegura que abordará la creación de 600 unidades judiciales nuevas y

3. Define la instauración de los llamados jueces de adscripción territorial que posibiliten que jueces profesionales asuman las necesidades de sustitución y suplencia.

En todo caso, para atender todas estos nuevos destinos se prevé la creación de 750 plazas de juez.

Los motivos de la reivindicación judicial:

El ofrecimiento puede parecer en principio positivo, pero no es sino un fogonazo adecuado para eliminar instantáneamente las sombras que amenazan la coyuntura política, pero absolutamente incapaz de alumbrar la desesperación ciudadana y judicial que llevó al actual proceso reivindicativo.

El estamento judicial denunció la calamitosa situación de la Administración de Justicia. Los 4.600 Jueces y Magistrados de este país resolvemos 9.000.000 de asuntos al año y el número de decisiones de estudio se multiplica exponencialmente si consideramos que cientos de miles de estos procedimientos suscitan innumerables incidentes contenciosos durante su tramitación. Los números son palmariamente expresivos cuando se constata que España –según informe del Consejo de Europa- ocupa los últimos puestos del continente en la ratio de jueces por habitante y asuntos por juez.

La carga de trabajo genera dos dramáticas consecuencias:

1. La saturación de unos profesionales que por más que hagan de su trabajo un sacerdocio, nunca alcanzan la satisfacción del cumplimiento de su labor y

2. Una ciudadanía frustrada y perjudicada por la larga espera que impone la resolución de sus contiendas; ciudadanía que no es tampoco consciente que exigiendo a los jueces -para subsanar un defecto estructural- una ratio mayor de decisiones, a lo que aspiran paradójicamente es a un mayor riesgo de precipitación en la decisión de aquellos problemas que más trascendencia tienen en sus vidas.

La situación es desoladora si el esfuerzo profesional y ciudadano cohabita con edificios indecorosos; archivos inmanejables; ausencia de sistemas informáticos medianamente actuales; exigencia de aportaciones personales de medios materiales; necesidad de creación de imaginativas soluciones prácticas que sustituyan las exigencias legales; insuficiencia de funcionarios; nula atribución de competencias propias a cada uno de ellos; ausencia de apoyo a los ciudadanos llamados a colaborar con la justicia o inexistencia de instrumentos que minoren su esfuerzo o incapacidad porque la Justicia haga un control riguroso de la observancia de sus propias decisiones, entre otros ejemplos.

La dejación política a la hora de dotar a los Jueces y Tribunales de los instrumentos precisos para abordar su función constitucional ha sido una constante desde la instauración democrática y resulta lacerante que la clase política haya burlado su responsabilidad trasmitiendo a la ciudadanía que son los Jueces y Magistrados los responsables por indolencia de la situación actual. Un discurso que en los sondeos de opinión ha enfrentado a la ciudadanía con sus jueces, salvo –precisamente- a aquellos que han tenido un contacto directo con la Justicia y un discurso que ha ocultando que cada Juez ha aumentado en un 500% el número de resoluciones dictadas respecto a las de hace tres décadas, sin olvidar – además- que las garantías constitucionales exigen hoy un esfuerzo motivador inexistente en regímenes dictatoriales.

El comportamiento político deprime si se observa cómo se han transformado en estos años –a veces incluso de manera fatua o innecesaria- las parcelas de la administración más próximas al poder político; y la constatación de esta situación estalla en indignación si se observa que cuando se produce una disfunción como consecuencia de una organización judicial apuntalada y en ruinas, ni se repara el perjuicio que haya podido sufrir el ciudadano, ni se reacciona con la finalidad de que no torne a producirse; continuándose en la misma dinámica y «sacudiéndose» la responsabilidad política a costa de endosar siempre la responsabilidad a unos silentes Jueces y Magistrados, aún cuando para escenificar esa responsabilidad haya de enardecerse públicamente el discurso exigiendo la expulsión de quienes se sabe que no son los causantes de la disfunción. 　

Exigencias de la Ciudadanía y de los Jueces y Magistrados:

El hartazgo ante la situación actual es lo que impulsó la reclamación unánime de los Jueces y Magistrados de que se pusiera fin definitivamente al abandono de recursos y de ideas en la construcción de una Administración de Justicia eficaz.

La Asociación Profesional de la Magistratura es consciente que este estado de cosas no puede solventarse en un corto periodo de tiempo, ni siquiera en el más amplio margen de una legislatura. Precisamente por ello, no puede entenderse que estén colmadas las aspiraciones que movieron en esta ocasión a la Carrera Judicial.

La reivindicación desatada no es ya demorable y sólo puede satisfacerse con la definición clara de un panorama que garantice el término de este estado de cosas.

Eso pasa –ni más, ni menos- por:

A. La divulgación de un verdadero Pacto de Estado relativo al Poder Judicial y a la Administración de Justicia. Pacto que asegure la culminación de la reforma, aún cuando el proyecto ocupe varias legislaturas; pasando por ello por un acuerdo entre las principales fuerzas políticas nacionales, así como con el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas que tienen competencias en esta materia.

B. La aprobación de un Plan de Choque que mitigue la situación actual mientras se van desarrollando las políticas precisas para la depuración completa del sistema.

En todo caso, el compromiso de instituciones y fuerzas políticas para una corrección definitiva, debe ser comprensivo de los siguientes aspectos:

1. Asumir la definición del número de resoluciones que pueden ser adecuadamente resueltas por un Juez, equiparándolo a países de nuestro entorno.

2. Reelaborar los Procedimientos Judiciales tendiendo a la concentración, evitando así la multiplicidad secuencial de decisiones en un mismo proceso que colapsan los juzgados de instancia y los llamados a revisar sus resoluciones; restringiendose además el ejercicio de acciones a términos razonables para una sociedad acreedora de tutela judicial.

3. Una definición de una planta judicial que tenga en consideración estas cargas y que apueste por ratios de trabajo y tiempo de pendencia equivalentes a los países democráticos desarrollados.

4. Una Administración de Justicia con instrumentos modernos de agenda, documentación, comunicación y mecanización de resoluciones; descargando al juez de las funciones no jurídicas en las que no se vean afectados derechos subjetivos.

5. Un plan de adecuación de la planta de funcionarios actualmente existente, con una real y efectiva capacitación para su función y con delimitación de competencias propias y sujetas a una responsabilidad personal.

6. Un plan de adecuación arquitectónico visado por el CGPJ.

7. Un compromiso presupuestario que dote a la Administración de Justicia y al Poder Judicial de recursos propios y que se puedan mantenerse ajenos a decisiones políticas menores y coyunturales.

8. Un modelo retributivo que contemple la responsabilidad de la función, con regulación de sistemas de actualización y que englobe la totalidad de actividades determinantes de rendimientos económicos y su cuantía.

La propuesta ministerial:

A. La propuesta ministerial no descansa en un Pacto de Estado de reforma estructural con continuidad.

El Ministerio de Justicia no ha llegado a acuerdos –ni negociado siquiera- con otros grupos políticos en aras a asegurar la corrección definitiva de las deficiencias más allá del corto periodo de tiempo que resta a la legislatura y tampoco ha comprometido en este proyecto a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, dejando en el aire territorios de la importancia de Cataluña, País Vasco, Valencia, Galicia o Andalucía.

Lo expuesto asegura que nos encontramos ante otro parche que permita capear politicamente la situación.

B. La propuesta del Ministerio de Justicia no es ni siquiera operativa para ser calificada como un Plan de Choque, así se concluye de que:

i. La pendencia y carga de trabajo de cada uno de los Jueces y Magistrados españoles, ya es mayor ahora que cuando se inició el proceso negociador.

ii. La oferta de convocar 250 plazas de jueces al año, enmascara que 50 de esas plazas irán orientadas a cubrir la previsión de fallecimientos, jubilaciones y excedencias. Así pues, el refuezo de la planta será de 200 jueces al año, en coherencia con las 200 Unidades Judiciales que se crearán anualmente.

iii. La propuesta de creación de 200 nuevas Unidades Judiciales en cada uno de los tres años, esconde que 50 de ellas son para los llamados Jueces de Adscripción Territorial. Estos mejorarán la calidad de la Justicia respecto de los 50 Jueces de Provisión Temporal que serían llamados de no crearse aquellos, pero en modo alguno aumentan el volumen de salida de asuntos.

iv. Las 150 Unidades Judiciales anuales en que se incrementará verdaderamente la Planta Judicial, son incluso inferiores a las creadas en el año 2009 (que fueron 160) e iguales a las que ya se crearon en el año 2008, antes de abordarse el proceso negociador.

v. Lo propuesto –de llevarse finalmente a término-supone un incremento anual de 2 o 3 Jueces para cada Provincia y su capital; siendo todos conscientes que ese aumento no modificará en nada la situación de absoluto descalabro de la Administración de Justicia y no entrañará ningún alivio en la perenne carga de trabajo de los Jueces y Magistrados.

Puede incluso afirmarse que la situación económica del país llevará a que esos jueces no compensarán siquiera el aumento que ha experimentado el número de procedimientos registrados; de suerte que la carga de trabajo de Jueces y Magistrados será mayor a la terminación del Plan de Modernización, que la que es ahora.

vi. La creación de 50 plazas de Jueces de Adscripción Territorial no posibilita la erradicación de una Justicia interina actualmente desplegada y compuesta de 860 Jueces sustitutos.

vii. El nuevo compromiso presupuestario para toda la Administración de Justicia de 200 M de euros anuales, desprecia la situación de emergencia nacional en la que la Administración de Justicia se encuentra y los perjuicios ciudadanos que está generando, particularmente para la salida de una situación de crisis económica; visualizándose el abúlico impulso en que se ofrezca un montante igual al de las donaciones solidarias a países en vías de desarrollo.

viii. En lo relativo a medios materiales, ninguna propuesta coyuntural se aporta tampoco para los Jueces y Magistrados que ejercen en territorios con competencias transferidas.

ix. La implantación de la nueva oficina judicial -que es indudable que habría de suponer una modernización en uno de los aspectos necesitados- se ha realizado complicando más aún el proceso de señalamiento; lo que redundará en un funcionamiento más lento y con mayores disfunciones incluso que las actuales.

x. No se ha reconocido la necesidad de correcciones retributivas ineludibles en el pago de sustituciones o guardias y no se garantiza siquiera la percepción de las pagas extraordinarias en los términos de equiparación con el resto de la función pública.

Paralelamente se constata un comportamiento fenicio durante el proceso de negociación, pues los grupos políticos arramplan con elementos de la independencia judicial de más valor que las mejoras que dejan.

Primero fue la politización del sistema de designación de las más altos cargos de la Magistratura. Una vez politizado el sistema de promoción judicial, el proyecto de Justicia de Proximidad trató de aumentar las parcelas de discrecionalidad en el ingreso en la base de la Judicatura.

Se pronostican nuevos envites, de la mano de Consejos Territoriales Autonómicos de designación política a los que se irán atribuyendo nuevas competencias; o atribuyendo la instrucción de los procedimientos penales a la Fiscalía General del Estado; o aumentando el control de la Fiscalía General del Estado mediante una limitación de la acción popular o modificando el sistema de acceso a la Carrera Judicial para favorecer perfiles ajenos al mérito y la capacidad técnica.

En todo caso –y por lo que ahora interesa-, el proceso negociador ha caminado en paralelo con un concierto político en las Cortes Generales que sustrae los señalamientos de la independencia judicial para trasladarlos a las estructuras de poder del Ministerio de Justicia, facultando así que pueda buscarse la composición de los Tribunales en función a un pronóstico de resolución coherente con el supuesto perfil ideológico de los integrantes y posibilitando la utilización política de las fechas de señalamiento en causas particularmente sensibles para los intereses politico-partidistas.

Igualmente, se ha eliminado en directo control jurisdiccional en la admisión de demandas, acumulación de autos o determinados actos de ejecución.

Posicionamiento de la Asociación Profesional de la Magistratura:

Ninguno de los integrantes de la Asociación Profesional de la Magistratura nos hemos mostrado nunca favorables a la huelga. Es esta una actitud personal y asociativa que se ha reflejado en numerosos Congresos y que nuestro Presidente trasladó este mismo año a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La opción responde a dos razones esenciales:

a. Un orgullo profesional que aspira a alejarse de la funcionarización de los jueces que algunos pretenden; y.

b. La responsabilidad en el ejercicio del poder que ostentamos. Servidumbre que responde a la constatación real de las cosas y no a grandilocuentes frases. En un estado de derecho los ciudadanos han de plantear la resolución de sus mayores conflictos al Poder Judicial, y el abandono de nuestra función pasa necesariamente por la frustración de millones de demandas y aspiraciones y anula –de manera real y profunda- los derechos más esenciales del desarrollo de la vida del hombre en comunidad.

En todo caso, el mismo interés colectivo que impone que el Poder Judicial no pueda dejar de atender sus responsabilidades, exige del resto de poderes del Estado que faciliten un marco que posibilite el normal desarrollo de la función judicial.

El Poder Judicial –independiente en cuanto a la decisión jurisdiccional- está despojado de capacidad propia para ordenar el marco de su actuación; y el Poder Ejecutivo Estatal y el de las Comunidades Autónomas con competencias sobre la materia, tienen obligación constitucional de aportar los elementos precisos para el ejercicio –real y operativo- de la función judicial.

Resulta inadmisible en un sistema de división de poderes, que el Poder Ejecutivo acorrale al Poder Judicial hasta forzarle a aquietarse con la imposibilidad práctica de cumplir adecuadamente su función constitucional o tener que suspender su funcionamiento y trabajo para exteriorizar una protesta, emulando una actuación de negociación colectiva que no es en absoluto razonable cuando es la tutela judicial la que se ve afectada.

En todo caso, la desesperante situación de la Administración de Justicia antes descrita y una perenne deslealtad política manifestada en negar las mínimas condiciones para que los Jueces puedan desempeñar su función en términos válidos para la ciudadanía, es la única razón que justifica (una vez agotadas el resto de vías posibles) la llamada de atención que la huelga entraña y que –por responsabilidad con los derechos que dejarán de atenderse- se limita al testimonial tiempo de un día.

Es cierto que estas mismas razones de trascendencia de la función, determinan que algunos de los integrantes de la APM sea contrarios a esta opción incluso por estos extremos motivos de interés colectivo; en todo caso, la voluntad mayoritaria de los asociados se expresó en reuniones abiertas a todos los integrantes de la Asociación, definiendo con ello este posicionamiento de grupo.

Llamamiento a la reivindicación colectiva:

La exigencia de corregir este estado de cosas, llevó a una movilización espontánea de la Carrera Judicial. La dinámica no es patrimonio de ningún grupo o Asociación y sí consecuencia de un hartazgo general, ante Juzgados y Tribunales desbordados por una inalcanzable litigiosidad y por la carencia de medios.

Precisamente este protagonismo compartido determinó un concierto asociativo en el seno de la CIP, materializándose a principios de año al exigir todas las Asociaciones Judiciales la corrección del deficitario estado de la Justicia y conviniéndose además que si en un término de seis meses no fructificaba la inicial negociación en un proyecto de solución definitiva, nuestra común determinación nos comprometía a denunciar públicamente la situación con un paro de la actividad jurisdiccional.

Es cierto que la unánime vía de negociación inicial se desgajó y que hubo quienes entendieron que un paro inicial reforzaba la reclamación y pronosticaría un mejor resultado en la negociación. No fue la posición mayoritaria en el seno de la APM, en consideración precisamente a las circunstancias antes expuestas. En todo caso, la realidad de que todos atendíamos a una idéntica aspiración, determinó que el paro se nutriera con el compromiso individual de muchos de nuestros asociados.

El cumplimiento del término de la negociación nos lleva ahora a todos a analizar si la aspiración ha sido cumplida, reclamando –por el interés común de la Administración de Justicia- que la situación no se analice desde intereses particulares.

En la Asociación Profesional de la Magistratura entendemos:

A. Que no se ha presentado al Poder Judicial una partitura de corrección de sus endémicas carencias;

B. Que existe hoy un mucho mayor colapso judicial que hace un año y que la oferta que se hace –por la explicación que se ha dado- amenaza con enquistarse y agravarse;

C. Que el tiempo de la negociación ha sido además aprovechado para –desde el poder político- achica el espacio que permita el ejercicio de la función judicial en condiciones de independencia y

D. Que los Jueces y Magistrados continuarán –en lo esencial- igualmente desbordados al término de los tres años que contempla el plan.

En este contexto, con la intención de no perder el primer impulso real y colectivo que ha tenido este país para forzar la corrección de un «status quo» inadmisible y teniendo presente que esta es una reivindicación y protesta común, que sólo se justifica en la medida en que se cuente con el apoyo generalizado de la Carrera Judicial:

1. Exigimos al resto de Asociaciones Judiciales que se comprometieron con nosotros a desarrollar una jornada común de protesta, a que manifiesten si la propuesta Ministerial ha satisfecho sus aspiraciones o se sumen en su defecto a la exteriorización pública de la denuncia a la que se comprometieron

2. Pedimos a los Jueces y Magistrados que -en el ejercicio de su derecho individual y en coherencia con sus aspiraciones-, se sumen en todo caso a una jornada de protesta para impedir la bendición de unos parches que no alterarán el estado actual de las cosas.

3. Exigimos a quienes tengan las funciones gubernativas precisas, que convoquen reuniones de debate en esta o la próxima semana, a fín de que los Jueces y Magistrados puedan expresarse –esperamos que ahora con más información- en plena libertad y con el tiempo y sosiego que la situación merece.　

Asocación Profesional de la Magistratura.

Comité Ejecutivo Nacional

Gabinete de Estudios e Informes

　En Madrid, a 23 de septiembre de 2009