Discurso de Pablo LLarena ante la Unión Internacional de Magistrados

Como Presidente de la Asociación organizadora de este 58 Congreso de la Unión Internacional de Magistrados, deseo agradecer la consideración que Su Majestad el Rey de España ha dispensando a esta organización internacional, a la Justicia y a todos los integrantes de los poderes judiciales del mundo. El 23 de Abril de 2015, Su Majestad aceptó la Presidencia Honorífica de este Congreso, reconociendo así el esfuerzo de la Unión Internacional de Magistrados, por sostener en nuestros países una Justicia independiente, neutral, legalmente previsible y plenamente comprometida con la protección de los derechos del hombre.

La Unión Internacional de Magistrados es una agrupación judicial despojada de toda connotación política y es también la más importante federación internacional de Jueces y Magistrados, pues agrupa a integrantes del Poder Judicial de 83 países del mundo.

Desde su constitución en 1953, el constitucionalismo y la globalización después, han sido dos fenómenos que han cambiado la forma de ejercer la judicatura y que determinan también nuestro trabajo en este Congreso.

Entre los rasgos primordiales del Constitucionalismo moderno, destacan dos: 1) Haber organizado los Estados desde el principio de separación de poderes y 2) Haber establecido el pleno sometimiento del poder político a la ley y al derecho. Y es precisamente la conjunción de estos dos elementos, la que ha introducido el riesgo de politización de la Justicia del que se habla en todas las sociedades actuales.

No puedo dejar de observar que la politización judicial presenta una doble dimensión. De un lado, el frecuente recelo de que el poder político intente adentrarse en el espacio de operatividad de los Jueces, buscando así facilitar que se emitan decisiones judiciales sensibles con determinadas concepciones o estrategias políticas. De otro lado, la que podríamos llamar politización de retorno. Una politización no invasiva del espacio judicial, sino expansiva. Jueces que, conscientes de contar con un protagonismo social creciente, desbordan el análisis de los casos sometidos a proceso, para posicionarse respecto de opciones políticas de legislación general. Jueces que deslegitiman decisiones legislativas o de gobierno que –por más que sean constitucionalmente viables -, divergen de las preferencias ideológicas que puedan compartir los integrantes de este grupo judicial.

De ambos fenómenos, en la Convención de Brasil se acordó estudiar en Barcelona el primero de ellos, esto es, profundizar sobre cuales son los instrumentos que existen para que el poder público pueda gestionar los tribunales, sin comprometer la recta administración de justicia por jueces independientes. Una cuestión que obliga a identificar qué elementos del gobierno de los jueces pueden condicionar su independencia, para que sólo los jueces gestionen esos espacios de riesgo; pero sin olvidar que la gestión de un interés general, tampoco puede quedar al albur de exclusivos planteamientos gremiales.

En otro orden de cosas, debo destacar otro de los elementos más característicos del constitucionalismo moderno. Consiste en que las constituciones recogen una relación de derechos del ciudadano relevante y profunda. Unos derechos a los que se ha atribuido una importancia medular, hasta el punto de que además de condicionar cualquier legislación, obligan a los jueces a interpretar el ordenamiento jurídico conforme a estos valores y postulados constitucionales.

Principios y valores constitucionales como la igualdad, la dignidad o el pluralismo político, permiten que hoy tengamos un derecho mucho más elástico para que los ciudadanos alcancen una tutela judicial efectiva en cada caso concreto. Pero es precisamente esa elasticidad del derecho, la que exige contar con Jueces serenos, de reflexión profunda y sólidamente formados en unos principios constitucionales que son ya universales.

La Unión Internacional de Magistrados ha abordado muchos estudios al respecto, pero el Derecho de los Menores era una cuestión ya ineludible para la protección de una infancia, de una adolescencia y de una juventud, tremendamente expuestas en las sociedades modernas. Como órgano asesor de la ONU, estamos seguros que las conclusiones que alcancemos tendrán un beneficioso efecto futuro.

En cuanto a la globalización económica, es evidente que ha desembocado en una globalización jurídica. La globalización arranca de una actividad económica transnacional y es precisamente esa transnacionalidad, la que hace que el derecho de cada país sea insuficiente para regular cada operación comercial.

Esto -unido a una actividad económica enormemente dinámica por la mejora de las comunicaciones-, ha favorecido que las operaciones globales se rijan muy especialmente por los contratos de las empresas. El sistema empuja así hacia un marco de mayor liberalización económica que, tanto introduce problemas de competencia desigual entre las empresas, como reestablece riesgos sobre los derechos sociales de los trabajadores. Una problemática de génesis compartida que justifica que la Unión Internacional de Magistrados analice hoy los motivos de despido que se contemplan en los distintos Estados y que busque puntos de equilibrio entre sociedades y economías con muy distintos objetivos y necesidades.

Así pues, los estudios e informes que vamos a trabajar, no sólo se justifican por una función judicial cada vez más compleja, sino por la conveniencia de un acercamiento y una cierta uniformidad en el ejercicio jurisdiccional comparado.

De este modo, la Unión Internacional de Magistrados se muestra como una manifestación del asociacionismo judicial de singular valor social; acreditando con ello que las asociaciones judiciales, no son en absoluto un colectivo sólo orientado a la defensa de los intereses corporativos de Jueces y Magistrados, sino que son –deben ser- agrupaciones responsables y comprometidas en favorecer cualquier decisión judicial que integre –de una forma coherente- la fuerza imperativa del derecho; el orden de valores que expresan nuestros principios constitucionales; y las necesidades propias de nuestra evolución tecnológica, social y económica.

Ese es el planteamiento de la Asociación Profesional de la Magistratura que me honro en presidir. Ese es también el sentir de todas las Asociaciones que conformamos la Unión Internacional de Magistrados. Y ese es el objeto de nuestros estudios jurídicos en Barcelona.

No puedo terminar estas palabras sin agradecer a la Fundación La Caixa, a Telefónica y a la Fundación 3M, su esfuerzo y compromiso en que puedan llevarse a término los trabajos de investigación que nos hemos propuesto. Su colaboración es expresión del esfuerzo de estas corporaciones por lograr la sostenibilidad de sus proyectos empresariales y su colaboración con estos estudios jurídicos refleja -bien claramente- la determinación que tienen por perfeccionar una Responsabilidad Corporativa que resulta ser ya de referencia en el mundo.

Gracias también al Ayuntamiento de Barcelona, a la Diputación Provincial y muy singularmente a la Generalitat de Cataluña y a su Consejería de Justicia, por el esfuerzo asumido en la organización y desarrollo de la actividad.

Espero que tengan ustedes una agradable estancia en nuestro país y deseo que este Congreso Internacional les aporte un provecho tan destacable como el que la sociedad espera de ustedes. Muchas Gracias.

Pablo Llarena Conde. Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.