Comunicado de la APM sobre la situación en Argentina

La Asociación Profesional de la Magistratura muestra su apoyo a los Jueces de Argentina en sus demandas legítimas para salvaguardar la independencia judicial, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

Suscribimos íntegramente el contenido del comunicado realizado por el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, en cuanto a recordar que el artículo 7.1 de la Carta Universal del Juez exige que “Salvo en caso de malicia o negligencia grave, constatada en un sentencia definitiva, no se puede entablar acción disciplinaria contra un juez como consecuencia de un interpretación de la ley o de la valoración de hechos o de la ponderación de pruebas, realizada por él/ella para determinados casos”, resaltando que la independencia judicial no puede ser atacada cuando los jueces ejercen de forma legítima sus funciones jurisdiccionales.

De igual modo, la sentencia de la Gran Sala del TJUE en el asunto C-791/19 entre la Comisión Europea y Polonia, determina que resulta contrario a la salvaguarda de la independencia judicial calificar como falta disciplinaria el contenido de las decisiones judiciales adoptadas por los jueces de los tribunales ordinarios, por cuanto podría utilizarse para ejercer un control político sobre las decisiones judiciales o para presionar a los jueces con el fin de influir en sus decisiones, y serviría así para socavar la independencia de los tribunales en cuestión.

El sometimiento a “juicios políticos” por decisiones jurisdiccionales legítimas, por el mero hecho de que los poderes políticos no estén de acuerdo con su contenido, supone una injerencia en la independencia del Poder Judicial que, hemos de recordar, no es una prerrogativa judicial, sino un derecho de los ciudadanos que debe ser firmemente garantizado en un estado de Derecho para que pueda considerarse como tal.

Por lo anterior, instamos a las autoridades de la Nación que pretenden llevar a cabo dicha iniciativa, para que retiren la misma, y, en su caso, que los representantes de la Asamblea Legislativa, rechacen la pretensión, en cuanto pone en riesgo la independencia judicial, que es fundamento de la convivencia en un estado de Derecho.

En Madrid a 9 de enero de 2023.

Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura