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COMUNICADO DE APM. 22 DE ABRIL DE 2010

La Asociación Profesional de la Magistratura informa:

Nuestra asociación, conocedora de de la excesiva carga de trabajo que soportan Jueces y Magistrados, que impide dedicar a cada asunto el tiempo y la atención necesarias para poder resolver adecuadamente cada conflicto, viene reivindicando desde hace tiempo la necesidad de que se atiendan las circunstancias reales de trabajo que soporta cada Juzgado y cada Jurisdicción.

A todo ello, se han sumado, además, las nuevas reformas procesales que alcanzarán su vigencia definitiva el próximo mes de mayo, lo que motivará un claro impacto en el desarrollo de la función jurisdiccional y un claro desajuste en los índices de dedicación exigidos hasta la fecha, con unas consecuencias negativas para los miembros de la Carrera Judicial.

Por el Consejo General del Poder Judicial se estaba elaborando una modificación del Sistema de Medición de la Función Jurisdiccional para la redefinición de la carga de trabajo en cada jurisdicción y órgano, con la finalidad de determinar cuál es el volumen de asuntos que razonablemente puede atender un Juez. Los proyectos a los que ha podido acceder nuestra asociación y a los que sólo hemos podido dedicar un somero estudio, dado el escaso margen de tiempo con el que hemos contado, no daban satisfacción a las necesidades de la Carrera Judicial ni las reivindicaciones que hasta ahora hemos venido manteniendo.

No obstante y hasta en tanto se realice un estudio definitivo con la finalidad de determinar cuál es el volumen real de los asuntos que razonablemente puede atender un Juez, una vez se conozca el verdadero efecto que las nuevas leyes procesales produzcan en el desarrollo de la jurisdicción, se ha conseguido que en el día de hoy, se haya elevado una propuesta al Pleno del Poder Judicial, que permita, de ser aprobada, que un 80% de los órganos judiciales alcancen dichos criterios, cuando en la actualidad sólo lo venían logrando un 60 % de los mismos. El contenido de la propuesta es el siguiente:

«Para garantizar un mejor servicio a los ciudadanos, con carácter provisional y mientras no se elabore un estudio definitivo que se adecúe a la efectiva implantación de la oficina judicial, se acuerda la reducción en un 13% de todos los criterios de medición de la dedicación que hasta la fecha venían siendo utilizados por este Consejo a los efectos de la concesión de licencias, permisos, compatibilidades, adopción de medidas de refuerzo y régimen disciplinario.»