COMUNICADO APM

La Asociación Profesional de la Magistratura considera inadmisible que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta “ha avergonzado” a muchos jueces y magistrados.

En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos, que existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción.

Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno.

Sería deseable que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia y, singularmente, en las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los Tribunales de Instancia, en lugar de emitir valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura