EL “DERECHO” A LA ÚLTIMA PALABRA

            Hay una satisfacción pequeña, algo mezquina y bastante universal en tener la última palabra. No hace falta que sea brillante. Ni siquiera que añada nada. Basta con que llegue después de la del otro. Un “pues eso”, un “tú sabrás” o ese “vale” que, según cómo se pronuncie, puede significar cualquier cosa menos conformidad. La conversación ha terminado, pero alguien ha dejado una bandera clavada en el terreno. No necesariamente tiene razón. Simplemente ha hablado el último.

            Para quienes trabajamos decidiendo controversias, el asunto tiene su gracia. En el trabajo nos corresponde resolver pero fuera de él, conviene recordar que nadie nos ha atribuido competencia sobre la elección del restaurante o la temperatura del aire acondicionado. Aunque a veces actuemos como si el nombramiento incluyera esas materias. Pero ejercer una profesión en la que hay que adoptar decisiones ofrece buenas oportunidades para confundir dos cosas bastante distintas: tener la responsabilidad de concluir y sentir la necesidad de imponerse.

            La última palabra rara vez se presenta como un capricho. Suele venir acompañada de una justificación impecable: “Solo quería aclarar una cosa”. Y quién podría oponerse a una aclaración. Aclarar es bueno. Casi un servicio público. El problema aparece cuando llevamos veinte minutos aclarando y la otra persona empieza a recoger la mesa.

            También están las variantes: “No, si yo no quiero discutir, pero…”, “Déjame que termine” y “Lo único que digo es…”. Esta última tiene mucho mérito, porque suele introducir el cuarto argumento de una intervención que comenzó anunciando que solo iba a decir una cosa. En ocasiones, la conversación podría terminar perfectamente antes de nuestra siguiente frase. El asunto está entendido. Las posiciones son conocidas. No hay ninguna información nueva. Pero queda una pequeña incomodidad: el otro ha dicho algo que no queremos dejar sin respuesta. Y como en estas conversaciones nada precluye, todavía podemos estar metiéndonos en la cama cuando se nos ocurre un “por cierto, sobre lo de antes…”.

            Y ahí regresamos. No para mejorar la conversación (que va), sino para corregir su desenlace. Como si el silencio posterior pudiera interpretarse como una aceptación íntegra de lo manifestado de contrario. Lo curioso es que nosotros mismos rara vez concedemos ese valor al silencio ajeno. Si alguien deja de contestarnos, podemos pensar que se ha cansado, que tiene prisa o que está mirando el horno. Pero si somos nosotros quienes callamos, imaginamos que acabamos de perder una discusión épica.

            En el proceso penal, el derecho a la última palabra tiene un sentido bastante más serio. El artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece al acusado la posibilidad de dirigirse personalmente al tribunal una vez terminadas la acusación y la defensa. No es una cortesía ni un premio a la insistencia, sino una garantía de autodefensa: la oportunidad de añadir, matizar o rectificar lo que considere necesario antes de que el tribunal decida.

            La diferencia con nuestras conversaciones merece alguna atención. Allí se garantiza que una persona pueda defenderse. Aquí, a veces, lo que pretendemos defender es nuestra posición al final de la conversación. No tememos que nadie nos condene. Nos inquieta algo mucho más cotidiano: ¡que el otro se marche sin reconocer que teníamos razón!

            Además, en el juicio hay un turno final. En ciertas discusiones domésticas, en cambio, cada intervención inaugura el derecho a otra última palabra. Y a la última de la última…

            Por supuesto, hay conversaciones que necesitan una decisión: alguien debe elegir una fecha, cerrar un presupuesto o determinar quién recoge a los niños. La convivencia tampoco puede funcionar dejando todos los asuntos pendientes de una reflexión más profunda. Pero otras conversaciones permiten que dos personas sigan pensando cosas distintas. Podemos discrepar sobre una película sin fijar cuál es su valor definitivo. Podemos recordar de manera diferente unas vacaciones. Incluso cabe la posibilidad, difícil pero real, de que a alguien le guste un restaurante que a nosotros nos parece sobrevalorado y la amistad sobreviva sin necesidad de una inspección conjunta de sus reseñas.

            Seamos sinceros, lo que cuesta aceptar no siempre es que el otro no nos haya entendido. A veces nos ha entendido perfectamente. Podría resumir nuestra posición, reproducir nuestros ejemplos y anticipar lo que vamos a decir a continuación. Sencillamente, no está de acuerdo. Y esa posibilidad nos incomoda más de lo que nos gusta reconocer. Porque obliga a admitir que nuestra explicación puede ser clara, nuestro argumento razonable y nuestra convicción sincera, sin que de todo ello nazca una obligación ajena de darnos la razón.

            ¡Ay! La soberbia suele encontrar aquí una forma bastante discreta de manifestarse. No necesita proclamar que somos superiores. Le basta con sugerirnos que, si el otro sigue discrepando, todavía queda algo que debemos explicarle. Repetimos el argumento con otras palabras, aportamos un ejemplo, buscamos una comparación. Cuando nada de eso funciona, hablamos un poco más alto, como si la discrepancia fuera un problema de audición. Naturalmente, también podemos tener razón. Pero tener razón sobre el asunto discutido no nos concede un derecho de ocupación indefinida de la conversación. Ni convierte al interlocutor en alguien que deba permanecer allí hasta que “firme su conformidad”. A veces no queremos ya que el otro comprenda nuestra postura. Queremos presenciar su rendición. Nos bastaría un “sí, tienes razón”, aunque lo dijera mirando el reloj y con la misma convicción con la que se aceptan las condiciones de uso de una aplicación.

            Quizá ahí esté la diferencia más reveladora con el derecho a la última palabra del acusado: se le garantiza que el tribunal escuche lo que tenga que decir en su defensa, pero no que comparta su versión. En nuestras conversaciones, en cambio, a veces entendemos que el otro solo nos ha escuchado de verdad si acaba dándonos la razón; si sigue discrepando, empezamos a pensar que habrá que explicárselo otra vez.

            Pero, oye, renunciar a ese control no significa callar siempre. Sigue siendo cierto que hay afirmaciones que deben discutirse, límites que conviene expresar con claridad y asuntos que no pueden abandonarse con un encogimiento de hombros, y tampoco se trata de pensar que todas las opiniones pesan lo mismo, porque no pesan lo mismo. Pero defender una posición con firmeza es una cosa y prolongar una conversación hasta que el otro se canse es otra bastante distinta, una diferencia que reconocemos enseguida en los demás y que, curiosamente, se nos escapa cuando somos nosotros los que tenemos ganas de seguir.

            En esos momentos ayuda una pregunta poco solemne: ¿nuestra siguiente frase aporta algo o solo nos deja más a gusto? Si aporta un dato, aclara un malentendido o expresa algo importante que todavía no hemos dicho, tiene todo el sentido pronunciarla. Si únicamente repite lo ya dicho con una formulación algo más contundente, puede que lo que necesite defensa ya no sea el argumento, sino otra cosa que se parece mucho al amor propio.

            Y los que dedicamos el día a resolver controversias quizá debamos empezar por aceptar que no todas las diferencias necesitan una resolución, ni nos corresponde dictarla siempre. Fuera del trabajo podemos escuchar sin corregir, discrepar sin reconducir y dejar que alguien conserve una opinión que no compartimos, incluso cuando seguimos convencidos de que la nuestra es mejor.

            También el acusado puede optar por no añadir nada: tener derecho a la última palabra no obliga a utilizarla. Fuera del juicio nos cuesta dejar pasar ese turno imaginario, sobre todo cuando ya tenemos preparada una réplica que nos parece estupenda. Decía Marco Poncio Catón que“La primera virtud es frenar la lengua; y es casi un Dios quien, teniendo razón, sabe callarse”. No pide tanto: nos bastaría con callarnos alguna vez sin tener del todo la razón, y con dejar, de vez en cuando, que la última palabra la ponga otro.

Alicia Díaz-Santos Salcedo

Magistrada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía.